Por David Carrasco
El Tribunal Electoral de Panamá se ha blindado frente a los ataques de piratas electrónicos o “hackers”, quienes en los comicios generales del 5 de mayo de 2019 realizaron 90 millones de intentos dirigidos a deshabilitar el sistema oficial de datos o dañar el mecanismo tecnológico de encriptación.
Así lo confirmó el 31 de julio el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, durante la presentación de un informe de 70 páginas sobre aspectos sobresalientes en las elecciones de 2019, en las que fue escogido a través del voto mayoritario el presidente Laurentino Cortizo, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Valdés Escoffery subrayó que en la mayoría de los casos se buscaba con esos actos, ejecutados en la sombra, la denegación de servicios para que la máxima instancia electoral del país no transmitiese la data de los centros de votación. No obstante, adujo que ello fue impedido por la encriptación de datos con altos estándares digitales y una rigurosidad similar a la que rige a cuerpos militares en otros países, así como al uso de registros manuales para validar la información capturada en las mesas.
Indicó que, durante las elecciones de mayo de 2019, en las que el Tribunal Electoral asumió el mando supremo de la fuerza Pública, los magistrados no fueron intimidados o presionados por círculos de poder para torcer la voluntad popular o empañar los resultados. Comentó que con el apoyo de personal informático se cumplió la misión de asegurar la voluntad popular expresada en las urnas.
Al respecto, el magistrado Alfredo Juncá justificó los mecanismos adoptados. Adujo que la ofensiva de los “hackers”, en su mayor parte realizada desde el extranjero, “no tuvo éxito”, ya que el servicio fue garantizado en forma ininterrumpida. En ese sentido, reconoció que el Tribunal Electoral transmitió 43 debates por medios digitales y tiene previsto privilegiar su participación en la red global de Internet y en diversos medios digitales, a favor de la cultura democrática de la población panameña.
El anuncio de los magistrados tiene particular importancia debido a la organización de un referendo sobre cambios a la Constitución Nacional. En enero de 2020, será instalada la nueva Comisión Nacional de Reformas Electorales, como se hace cada cinco años, para evaluar las innovaciones aplicadas en los pasados comicios, con el fin de hacer ajustes y mejorar los procedimientos incorporados al sistema.
Luego de la celebración de comicios generales, los magistrados encabezan una serie de reuniones en las provincias de este país, como parte de un proceso autocrítico de evaluación, que incluye el reconocimiento de “errores” que no alteraron el resultado final de las elecciones. La Ley 29 de 2017 introdujo innovaciones en 79 distritos, en materia de la organización de los comicios, no sólo para los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular, sino para el Tribunal Electoral, que se autoevalúa.
De acuerdo con el informe presentado por los magistrados, el desarrollo del Plan General de Elecciones alcanzó 68,4 millones de dólares de 2017 a 2019, equivalente a un 23 por ciento más que las elecciones de 2014, que costaron 56 millones de dólares. Sin embargo, esos costos económicos están relacionados con el incremento notable en la cantidad de circunscripciones (81 distritos y 679 corregimientos en la actualidad), que eligieron a las autoridades por un período constitucional de cinco años.
