En abierto desafío al gobierno, trabajadores en el distrito del Barú denuncian que el contrato-ley con la multinacional Del Monte deja bajo la tutela de esa empresa extranjera tierras, cuyo propósito es la exportación del llamado “oro verde”.
Productores baruenses prevén que el granero del país puede ser empeñado, a través de “contratos inconsultos y leoninos”, que ceden tierras y fuentes hídricas a manos extranjeras.
En el pasado, Panamá exportó más de 100 millones de cajas anuales de banano, de 18,14 kilogramos. Esas tierras, localizadas en la frontera con Costa Rica, vuelven a ser codiciadas por grupos foráneos y el capital financiero.
Por David Carrasco
La presidenta de Productores de Panamá (Aprodepa), Ada Pinzón, y el presidente de la Asociación de Productores Pro Defensa de Tierras en el distrito de Barú, Marvin Wilcox, rechazan, en representación de fuerzas productivas en la provincia de Chiriquí, la firma del contrato-ley entre el Estado panameño y la empresa Banapiña Panamá, S.A., subsidiaria de la multinacional Del Monte.
En declaraciones a Bayano digital, Pinzón calificó de “caótico”, “entreguista” e “instrumento de atropello” el documento firmado en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses por el presidente Juan Carlos Varela. La activista adujo que la acción oficial fue adoptada sin la mensura de tierras de productores individuales y sin el indispensable Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que exige la ley. “Eso no es más que un chanchurrio (negociado)”, afirmó la activista.
Varela anunció que “con los casi 200 millones de balboas (dólares) que estamos invirtiendo en el distrito de Barú, vamos a reactivar económica y socialmente la región”. Aseguró que “esta es una oportunidad que se nos presenta y hay que aprovecharla por el futuro de las presentes y futuras generaciones”. Estimó que cuando se inicie la operación, habrá una producción de 900 hectáreas por año, con una productividad anual de promedio de 2.275 cajas de banano por hectárea, lo que generará fuentes de empleo.
Pese a ello, Pinzón adujo que en el esquema gubernamental, los productores independientes en las tierras en el sector asignado a Del Monte tienen un plazo de 18 meses para abandonar la zona que será ocupada por la compañía. Advirtió que en el contrato suscrito con gran celeridad, esos trabajadores son descritos como “invasores”. Sin embargo, aseveró que “no aceptamos esa definición, bajo ningún concepto, porque ellos son trabajadores y, por Constitución política, tienen derecho a la tierra y el Estado debe dotar esa herramienta”.
Pinzón estimó que la iniciativa del gobierno de concretar en forma rápida la aprobación del convenio con Del Monte, en medio de las críticas y los cuestionamientos de la población del distrito de Barú ‒ante la falta de programas de desarrollo en suelos tradicionalmente dedicados a la explotación bananera‒, sugiere que hay un “plan encubierto” dirigido a favorecer a influyentes grupos privados.
Añadió que el empresario Stanley Motta estaría detrás de un ambicioso proyecto de canal seco de transporte en Puerto Armuelles, en conexión con la caribeña provincia de Bocas del Toro, que no ha sido sometido a la consideración de los trabajadores con pleno derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones que afectan la estabilidad, existencia y formas de vida en la región.
Origen del conflicto
El conflicto por las tierras en Barú se remonta al siglo XX, cuando las multinacionales obtuvieron concesiones del Estado panameño para explotar hasta 30.000 hectáreas de banano de exportación para abastecer a mercados de Europa y Estados Unidos. La fruta panameña obtuvo la categoría “Premium”, mientras miles de obreros eran contaminados en las plantaciones a través de la fumigación con fungicidas, insecticidas y nematicidas aplicados al cultivo, sin que los afectados fuesen indemnizados por daños a la Salud.
Wilcox aclaró que al deprimirse el mercado internacional del banano, las multinacionales que operaban en Panamá abandonaron en forma progresiva la superficie dedicada al cultivo centenario. Esas áreas en ruina fueron aprovechadas por decididos obreros agroindustriales para producir en ellas diversos rubros. Tras labrar las tierras durante más de cinco años, el Estado confirió a esas personas títulos sobre la posesión agraria, para legalizar su estatus.
El dirigente de la Asociación de Productores Pro Defensa de Tierras en el distrito de Barú recordó que en 1998 la compañía Chiquita Brands International Inc., sucesora de United Fruit Company (el Pulpo o la Yunai), abandonó en el distrito de Barú unas 3.200 hectáreas (50 por ciento de la tierras que había ocupado), lo que provocó una fuerte migración de la masa laboral. Los trabajadores que decidieron quedarse en el área, iniciaron diversos proyectos, entre ellos la siembra de palma aceitera africana, que alcanza unas 400 hectáreas, donde antes se producía banano.
En esas tierras, los trabajadores recuperaron cerca de 2.000 hectáreas ociosas. Hoy, hay allí parcelas de papaya, arroz, plátanos, yuca y ñame, y hatos ganaderos. En la actualidad, son la fuente de ingresos económicos de unas 1.000 familias. Al respecto, Wilcox reseñó que “desarrollamos una de las actividades más sublimes: producir la comida que sustenta a la sociedad panameña, sin recibir a cambio subsidio alguno por parte de Estado”.
Los terrenos descritos están fuera de las 1.770 hectáreas concedidas a unos 2.500 ex trabajadores de la antigua Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), algunos de los cuales aceptaron la venta de sus tierras, en un arreglo con Del Monte. No obstante, aclaró que en el anuncio oficial se habló de 5.700 hectáreas para uso de Del Monte, lo que introduce, en un mismo paquete, tierras de los llamados trabajadores “independientes”. El hecho ha generado suspicacias sobre los alcances del convenio con la multinacional y la entrega de predios a intereses extranjeros.
“Somos productores que merecemos respeto y no aceptamos burlas. Allí, hay hombres y mujeres que deberían ser premiados por esta nación, como héroes y heroínas, sobre todo porque han realizado un gran esfuerzo al hacer producir la tierra con sacrificio, sin ningún tipo de financiamiento. Jamás hemos sido una carga para el Estado, ni pretendemos serlo”, planteó Wilcox al exigir al gobierno que los convierta en legítimos propietarios de la tierra que ocupan.
Asimismo, llamó al gobierno a que acate las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de duplicar para los próximos años la producción de alimentos y tomar medidas de contingencia frente al cambio climático, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de comida a la población y evitar potenciales hambrunas. “Este pueblo exige respeto y no tolerará más abusos”, puntualizó.
