Por David Carrasco
En defensa de la Constitución de Panamá y las normas del Derecho Internacional, representantes de organizaciones sociales panameñas presentaron el lunes al secretario general de la Asamblea Nacional de Diputados, Franz Wever, una demanda penal contra el presidente, Juan Carlos Varela, y su vicepresidente y canciller, Isabel de Saint Malo, por extralimitación de funciones.
El profesor universitario Cecilio Simon entregó a Wever una extensa nota suscrita por representantes de organizaciones populares, y criticó al gobierno de por haber violentado la política de amistad y cooperación regional, al haber reconocido al autoproclamado Juan Guaidó y ordenar en Panamá el secuestro de las cuentas bancarias de los funcionarios diplomáticos y consulares de Venezuela en este país.
Simon precisó que el gobierno de Panamá ha suscrito con potencias extranjeras alianzas bélicas, como la coalición militar contra el Estado Islámico (ISIS), que ponen en riesgo la seguridad y la neutralidad permanente de la vía interoceánica, que fue transferida por Estados Unidos a manos panameñas en diciembre de 1999.
Asimismo, señaló que en forma arbitraria en Panamá ha sido violado el Artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que advierte que, bajo ninguna circunstancia, un país puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro Estado para cambiar su régimen, elegir a sus personalidades y decidir quién debe ser presidente o mandatario.
Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con
los Propósitos de las Naciones Unidas.7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los
asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas
en el Capítulo VII.
“Panamá ha reconocido a un presidente inexistente. Le ha dado cartas credenciales a una persona que no tiene las capacidades legales para ejercerlo, porque es residente panameño y por convención internacional, no puede ser embajador”, acotó Simon.
Wever agradeció la presencia de los dirigentes populares, a quienes manifestó que la denuncia interpuesta contra Varela y Saint Malo será debidamente analizada por el Órgano Legislativo, debido a que contiene serias denuncias sobre hechos que comprometen la seguridad del Canal de Panamá y la soberanía panameña, y podrían convertir a Panamá en un indeseable blanco indirecto en el ámbito militar.
El secretario general dijo que la denuncia del movimiento de organizaciones sociales panameñas será remitida en forma expresa a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que debe analizarla. Añadió que tomará tiempo examinar cada parte del texto y advirtió que abril es un mes irregular en el Órgano Legislativo, debido a la proximidad de la celebración de los comicios generales del 5 de mayo.
Previamente, el secretario general de la Central Nacional de Trabajadoresde Panamá (CNTP), Alfredo Graell, planteó que el movimiento popular no está dispuesto a tolerar actos hostiles y de provocación contra pueblos hermanos, como el de Venezuela, ni a justificar procedimientos entreguistas oficialmente adoptados.
En representación de la clase trabajadora, Graell manifestó que Varela y Saint Malo han violado claramente la Resolución sobre la Definición de Agresión y Declaración de Principios del Derecho Internacional, referente a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, y alinean a este país con una peligrosa ofensiva bélica internacional que no les compete en materia constitucional o legal.
A su vez, el docente universitario Raúl González, condenó los compromisos asumidos por Panamá en el Grupo de Lima, en contra de Venezuela, y llamó a garantizar la neutralidad del Canal de Panamá. Indicó que las arbitrariedades del gobierno de Varela alcanzaron la toma del Palacio Legislativo en su último período de sesiones, lo que debe interpretarse como una acción de fuerza violatoria de los principios constitucionales.
González remarcó que el uso de instalaciones aeroportuarias de Panamá y diversas zonas territoriales para que aterricen aeronaves de guerra de países que preparan una invasión a Venezuela, es inaceptable, y debe ser rechazado por el pueblo amante de la paz.
