El gobierno del presidente Juan Carlos Varela asumió las riendas del país en 2014 con la promesa electoral de enderezar país, poner fin a los desmanes y acometer el tema de la inseguridad pública. Sin embargo, el oficialismo ha reprobado en su misión de dar seguridad a los ciudadanos, pese a cuantiosos recursos comprometidos.
Los resultados son pobres y lo que asombra es que quienes cometen los delitos son elementos jóvenes a quienes en algún momento la sociedad les dio la espalda. La población recluida en los centros penitenciarios del país es esencialmente juvenil y marginal, y tiene un rostro de pobreza y exclusión social que salta a la vista.
Las cárceles en Panamá son verdaderas pocilgas, donde falta la rehabilitación para dar la mano a gente que en esos laberintos de crueldad fue sometida a abusos. Allí rige el hacinamiento y la inmundicia, y gobiernan las pandillas que desafían la autoridad del Estado e imponen sus propias reglas. El castigo no les asusta. Tampoco la posibilidad de morir a manos de los rivales.
Lo que muchos ignoran o se niegan a aceptar, es que esos criminales en algún tiempo de su niñez asistían a las escuelas y portaban un libro. Cuando los centros educativos les cerraron las puertas, debido a fracasos en el boletín o faltas administrativas, las pandillas pusieron en sus manos una pistola y les prometieron ganar respeto en las calles, a través de la intimidación o el uso de la fuerza.
Para comprender la magnitud del problema, es necesario repasar algunas cifras. El 2016 terminó con el mayor índice de estudiantes de escuelas públicas reprobados en los últimos 14 años. Según el Ministerio de Educación (Meduca), el 7,9 por ciento de los alumnos no pasó materias, frente al 5,3 por ciento que no lo hizo en 2015. Ello significa que hay 48.864 alumnos reprobados que podrían ser tentados a portar armas en forma ilegal, al fallar en la escuela.
A diferencia de las tareas emprendidas en el Siglo XX por un movimiento estudiantil organizado en defensa de la soberanía nacional, la juventud del Sigo XXI carece de metas nacionales y ha sido deliberadamente separada de las experiencias solidarias y empujada a la competencia del mercado, donde muchas veces lo que encuentra es frustración y desencanto. Sin una Educación adecuada, los jóvenes panameños parecen atrapados en una vorágine.
El escenario en que prevalecen la pérdida de valores, la corrupción, el crimen y la impunidad, ofrece pocas salidas a los marginados y comprimidos por un modelo fracasado que les cierra el paso y les quita el oxígeno. No en vano hay una población juvenil que demanda una Educación con calidad para romper las ataduras que oprimen. Es un paso necesario dirigido a resolver la crisis con raíces profundas que alimentan la falta de cohesión y la inseguridad.
Para poder ver el arcoíris en el horizonte, en un país sacudido por numerosos escándalos, habrá que construirlo ahora, y debe ser con la participación de jóvenes valientes empeñados en llevar adelante una causa liberadora. De hecho, la organización es la clave para poder materializar y dar sentido a ese sueño democrático, inspirado en una tradición de luchas auténticas y valores nacionales, sin claudicación alguna, para diseñar el nuevo sendero democrático de la nación.
