Por Luis Alberto Laborda | amlat@rcinet.ca
Con información de Canadian Press y Radio Canadá.
El flujo de refugiados que atraviesan por tierra la frontera entre Canadá y Estados Unidos no parece perder intensidad. La llegada en masa de estas personas, principalmente de familias haitianas, aunque también los hay de otros orígenes, parece haber atraído no sólo la compasión de muchos, sino también el interés de ventajistas e inescrupulosos, que buscan hacer su negocio a toda costa.
Algunos de los recién llegados manifestaron en las últimas horas los problemas por los que atraviesan para conseguir un lugar en el que vivir, una vez que salen de los refugios momentáneos a los que son asignados por las autoridades canadienses.
En ciertos casos, los responsables pudieron constatar el cobro de sumas mayores a las estipuladas en concepto de alquiler, las malas condiciones edilicias y de salubridad de las viviendas e, incluso, el incumplimiento de la obligación de firmar un contrato.
Situación fuera de lo común
Entre los refugios utilizados destacan las instalaciones del Estadio Olímpico de la ciudad de Montreal, convertido en lugar de alberque de la verdadera ola de personas que en un número que se cuenta en cientos llegan a diario al territorio canadiense.
Una familia integrada por un matrimonio con cuatro hijos, que llegó a Canadá en julio último, tras cruzar el límite entre el estado de Nueva York y la provincia de Quebec, ha transitado por varios refugios, sin poder hasta el momento conseguir un sitio más estable para los pequeños.
El hombre sostuvo que recorrió una larga lista de viviendas ofrecidas en alquiler, que le fue facilitada por las propias autoridades, para intentar rentar una y ubicar allí a su familia. Sin embargo aclaró que no recibió ningún otro tipo de orientación ni ayuda, lo que hasta ahora le ha jugado en contra para lograr su objetivo.
Por lo general, los refugiados son albergados por las autoridades en sitios solventados por el Estado, pero se prevé que las personas abandonen las instalaciones una vez que reciben su primer cheque de la ayuda social, cuyo monto ronda entre los 600 dólares por persona.
Los problemas con los que se enfrentan quienes ya se encuentran en el país amenazan con agravar la situación en los refugios temporales, ya que el número de personas que llegan cada día no muestra señales de desaceleración. El hacinamiento podría ser el resultado de tal situación.
En la primera semana de agosto se contabilizaron al menos 1798 personas cruzando la frontera, una cifra que adquiere dramatismo si se la compara con los poco menos de 3000 que siguieron el mismo camino durante todo el año 2015.
Semejante cantidad de gente podría ralentizar el trámite de las solicitudes de refugio y, en consecuencia, postergar la definición del estatuto legal de dichas personas en Canadá, agregando incertidumbre a su situación.
Presa fácil para los inescrupulosos
El flujo de demandantes de asilo en masa reinició el debate sobre qué postura debería adoptar Canadá frente al tema.
Por un lado, quienes sostienen que el país está obligado a honrar su pasado de nación receptiva y solidaria con los perseguidos. En el otro extremo, quienes afirman que el problema debería ser resuelto por Estados Unidos y que quienes llegan al país en las condiciones descriptas lo hacen abusando de la flexibilidad de las normas y la generosidad canadienses.
Los cierto es que las situaciones de abuso se han podido constatar, pero no en el sentido señalado más arriba.
El ministerio de Inmigración en Quebec informó que la menos 700 personas, de las llegadas a la provincia dese que comenzó el actual flujo de demandantes de asilo, ya pudieron encontrar vivienda.
Pero no todos los casos han sido tan exitosos como las cifras parecen indicar.
En algunas ocasiones los “flamantes inquilinos” se encuentran con viviendas derruidas, con mampostería desprendiéndose de los techos, ventanas rotas, pisos destruidos, roedores, cucarachas, etc.
En otros casos, los propietarios de los inmuebles se niegan a entregar el contrato de alquiler a cambio de la suma pagada por el flamante ocupante.
En diálogo con el servicio en francés de Radio Canadá, un solicitante de asilo de origen haitiano sostuvo que “encontré un apartamento y pagué por él, pero el propietario nunca quiso entregarme el contrato de alquiler”.
Se trata de una situación totalmente ilegal, ya que la ley provincial obliga a locador y locatario a firmar un contrato de alquiler del que cada uno debe conservar copia. Pero, además, el locatario queda a merced del locador, desprovisto de todo tipo de protección en caso de incumplimiento del convenio o de actitudes abusivas por parte del locatario.
El mismo hombre vio cómo, poco después de mudarse, el departamento en cuestión comenzó a deteriorarse con graves problemas de mantenimiento y estructura. Sin ir más lejos, el techo del cuarto de baño del inmueble se cayó, en momentos en que el ocupante se hallaba tomando una ducha. Hasta la fecha, el propietario se ha negado a efectuar las reparaciones necesarias.
Los organismos de asistencia a los refugiados reconocen que la situación descripta está lejos de ser una excepción. Con frecuencia, los solicitantes de asilo se enfrentan a situaciones en las que deben pagar valores extremadamente caros, por viviendas que tienen problemas de aislamiento, filtración de agua, paredes en mal estado, presencia de hogos de la humedad, de ratas y cucarachas.
El gobierno de Quebec, a través de su ministerio de Inmigración, prometió ocuparse del asunto, para que la solidaridad de muchos no se convierta en ganancia de unos pocos “ventajistas”.
