Recuperación del patrimonio nacional y la capacidad de gestión del Estado
La población panameña se percata, cada vez más, del efecto pernicioso del debilitamiento de la capacidad de gestión del Estado en materia de energía, debido a la aplicación de un modelo de privatización que dejó en libertad a las multinacionales para dictar la política tarifaria de este país y ceder a manos extranjeras en control y operación de la matriz energética.
El alza injustificada de tarifas corresponde a la búsqueda de la maximización de ganancias por parte de grupos económicos que se disputan el mercado energético, mientras que miles de clientes residenciales y empresariales exigen rectificaciones y protestan en las calles, y a través de proclamas, contra el modelo que encarece el servicio de electricidad y el costo de la vida.
Los ciudadanos están en el deber de reaccionar ante la vertiginosa pérdida de la capacidad de gestión del Estado y la virtual paralización de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), que tolera los monopolios y la transferencia del costo de la ineficiencia y rezago en las inversiones a mayorías entretenidas con subsidios, sin llegar a la raíz del problema.
Basta observar el escenario, para entender que ese modelo sirve para drenar las jugosas ganancias en materia energética. Sus representantes son los mismos que aspiran a conseguir cargos en la Junta Directiva del Canal de Panamá, con el objetivo de dictar la política de transporte marítimo y reservar para su peculio los negocios portuarios que genera la ruta interoceánica.
La población panameña no puede aceptar con mansedumbre las medidas antinacionales que conspiran contra las aspiraciones de bienestar colectivo. En cambio, debe apelar a los mecanismos de unidad de los movimientos sociales para rechazar nuevas formas de sometimiento y explotación, y construir las instancias del consenso para salvaguardar los bienes del Estado.
Es un asunto de prioridad nacional exigir al gobierno la urgente aprobación de una verdadera estrategia energética y la revocación inmediata de las impopulares medidas en materia tarifaria que apuntan a una concentración de poder económico y al mayor empobrecimiento de las capas medias de la población, castigadas con altos impuestos y el despojo de recursos.
