Rechazo a la usurpación energética y el saqueo

0
39

Rechazo a la usurpación energética y el saqueo

Una reacción generalizada de malestar se apoderó de diversos sectores de Panamá, al ver con asombro cómo funcionarios de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) justificaban el alza de las tarifas de energía eléctrica, en medio de una ola alcista que afecta a los bolsillos de consumidores y usuarios, y conduce al empobrecimiento progresivo de las capas medias del país.

El repudio fue inmediato, justo y oportuno. Sin embargo, la mayoría de la población aún ignora que, en realidad, esas alzas que repercuten en el costo de vida responden a un modelo de saqueo de recursos naturales y riquezas que genera la posición geográfica de Panamá, convertida en centro de la codicia de emporios y grupos económicos afianzados en el despojo.

La decisión del presidente Juan Carlos Varela, de aplazar el aumento programado en la tarifa de transmisión y solicitar a la Asamblea Nacional de Diputados una dispensa por 300millones de dólares, que incluiría un subsidio tarifario por 60 millones de dólares, no resuelve el problema que surgió tras la privatización y el fraccionamiento de la empresa estatal de energía.

En los últimos años, el mercado energético ha estado dominado por grupos económicos que buscan sacarle el mayor lucro posible a la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica en Panamá. Para ello, se han hecho dueños de hidroeléctricas, cuencas hidrográficas y plantas termoeléctricas (usinas) a base de carbón y petróleo, y sistemas de gas y aerogeneradores.

El mercado eléctrico es también el centro de una clara disputa de grupos económicos que compiten por el poder político y quieren asumir el control sobre negocios claves, incluidas valiosas áreas del Canal de Panamá, para el desarrollo de proyectos logísticos y portuarios. Por ello, intentan asegurarse de que las leyes y normas afiancen los privilegios y el botín en un país saqueado.

Es un hecho cierto que las maniobras y trucos utilizados para acomodar la legislación a grupos explotadores no pudieron prosperar en esta ocasión, ante la repulsa de sindicatos, gremios empresariales, docentes y estudiantes contestatarios. Pero, ese episodio es una expresión inicial de lo que tendrá que enfrentar la población en defensa de la plena soberanía energética.

Los hechos acaecidos demuestran la urgencia de articular a las fuerzas sociales en un programa nacionalizador que exija la revisión de leyes rectoras del sistema eléctrico y las tarifas, con el objetivo de asegurar el bienestar de las familias y dotar a la industria y al comercio de un sistema confiable, que detenga el expolio y frene el grave modelo de dependencia externa.

Deja un comentario