Por David Carrasco
Integrantes de una coalición de organizaciones ambientalistas protestaron ante la sede del Ministerio de Ambiente (Mi Ambiente), para rechazar un proyecto que promueve una terminal petrolera en Isla Boná, en el Golfo de Panamá, y señalaron que se mantendrán vigilantes hasta conseguir el abandono de esa iniciativa económica que cuenta con el aval oficial.
Sandra Álvarez, de la Fundación ambientalista Tortuguías, que protege especies marinas en peligro, comentó a Bayano digital que la protesta es una clara respuesta de activistas defensores del ambiente natural que ven en peligro a Isla Boná, un santuario de aves que posee un ecosistema único en el mundo y debe ser protegido de actividades depredadoras y contaminantes de la industria petrolera.
“No podemos permitir que nuestra naturaleza y áreas de anidación para muchas especies se vendan al mejor postor por el interés de unos pocos”, manifestó Álvarez. De hecho, la organización Tortuguía asumió un papel de liderazgo en la protesta efectuada el 5 de abril frente a la sede de Mi Ambiente, donde hubo despliegue de pancartas con lemas y mensajes a favor del ecosistema marino.
Origen del conflicto
El alcalde de Taboga, Ramón Ramos, acordó un arrendamiento por 20 años prorrogables con opción a venta de la isla, a la empresa Bona Pacific Corp., para desarrollar una terminal petrolera para buques de tipo “post Panamax” o “neo Panamax”. El acuerdo fue posteriormente avalado por el Consejo Económico Nacional (CENA), pese a señalamientos de biólogos marinos que aconsejaban su desaprobación por inconveniente.
Representantes del CENA indicaron que la evaluación del proyecto fue aprobada cinco días antes de que fuese modificada la Ley de Contrataciones Públicas en abril de 2018, a través de un decreto ejecutivo. Sin embargo, para los dirigentes de varias organizaciones sociales contestatarias ese procedimiento es inadmisible. En medio de las tensiones generadas entre grupos económicos y ambientalistas, el contralor general, Federico Humbert, adujo que no ha refrendado ese contrato.
De acuerdo con los proponentes del proyecto, unas 34,5 hectáreas de superficie de las 74 hectáreas que posee la isla, serían destinadas a la instalación de ocho tanques de almacenamiento y trasiego, sistema de bombeo, carreteras y oficinas. Pero, biólogos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) consideran que ello pondría en peligro al santuario de vida silvestre en Isla Boná.
Taboga y otras islas cercanas a la ciudad capital han sido afectadas en varias ocasiones por el derrame de combustible y desechos de las cisternas de los buques que transitan por el Canal de Panamá, y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha tenido que reaccionar ante la presencia de hidrocarburos y otras sustancias contaminantes en playas y arrecifes.
Acciones legales
Durante la movilización de los ambientalistas, el abogado Donaldo Sousa interpuso una denuncia contra el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, los integrantes del CENA y el alcalde del distrito de Taboga, Ramón Ramos, por haber negociado y aprobado la instalación de la terminal petrolera, en contra del rico patrimonio natural de Panamá, que está en la mira de empresas petroleras.
Sousa ha exigido la cancelación del proyecto, pese a que directivos de Boná Pacific Corp. se comprometió a adoptar efectivas medidas de mitigación “dentro de su área de concesión, un espacio de ocho hectáreas como muro de amortiguamiento y que divide el área a desarrollar y el área no concesionada de la isla”, para la protección de la vida silvestre.
A su vez, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) hizo un llamado a las autoridades panameñas a “rechazar de forma inmediata la aprobación de ese proyecto” para “salvaguardar el interés nacional”, eliminando las amenazas al primer generador de divisas para este país, que es el turismo y el ecoturismo.
