Propuesta de aislamiento a jefes de pandillas renueva polémica en Panamá

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Pandilleros en los barrios de Panamá. En su mayoría, son jóvenes expulsados del sistema educativo.

Ante la ola de crímenes ejecutados por sicarios, el tema del aislamiento penitenciario vuelve al tapete. Sus proponentes aducen que con ello se reduciría el nivel de violencia estimulado por pandillas que se disputan el mercado de la droga y aumentaría la seguridad en los barrios.

Por David Carrasco

El comandante Fausto Rodríguez, de la Fuerza Nacional Antiextorsión y Pandillerismo de Honduras y Pandillas Juveniles Delincuenciales, recomendó en Panamá aislar en cárceles de máxima seguridad a jefes pandilleros o “capos”, para cortar la cadena de mando delictiva y prevenir el crimen en las ciudades.

Rodríguez participó en un taller sobre el tema de pandillas y declaró en la capital panameña que todas las organizaciones policiales en Centroamérica tienen el deber de combatir a las pandillas y evitar que crezcan y capten a jóvenes. “La prevención es lo fundamental”, acotó el especialista con rango de instructor.

Recordó que en 1999, en Honduras había unos 400 grupos juveniles infractores, pero las autoridades no prestaron entonces la debida atención en materia de seguridad, lo que permitió que evolucionasen a organizaciones sanguinarias que pusieron en jaque al gobierno.

Rodríguez indicó que los pandilleros ven a los niños y adolescentes como “semillero fértil” para el crecimiento de la red criminal, por lo que el Estado debe intervenir y asilar a los cabecillas de pandillas enviados a las cárceles para cumplir largas codenas. Añadió que ese esfuerzo preventivo y de seguridad debe integrar a todos los sectores afectados por grupos criminales, para garantizar resultados.

Vigilancia controlada y confinamiento

El tema no es nuevo en Panamá. De hecho, desató un debate cuando el presidente Juan Carlos Varela anunció el 16 de septiembre de 2016 el traslado de jefes de pandillas a la cárcel de Punta Coco, en el extremo sur de la Isla del Rey, en el archipiélago de Las Perlas, para garantizar su pleno aislamiento de los reclusos. La decisión causó críticas de juristas y dirigentes de organismos humanitarios, debido a la imposibilidad de proveer asistencia de la defensa a sus clientes.

Ese mismo mes, Varela sancionó la Ley que desarrolla la Carrera Penitenciaria e incorpora al Instituto de Estudios Interdisciplinarios a ese régimen. Su respuesta sirvió para atenuar los problemas de seguridad en las cárceles, incluida la fuga de reos que apuntaban a custodios mal pagados y agentes venales en un sistema penal en el que las cárceles son depósitos humanos y universidades del crimen.

“Hemos incluido modificaciones a la Ley 55 y a la Ley 40 para lograr que la seguridad externa de todos los centros penitenciarios sea asumida totalmente por el Cuerpo de Custodios Penitenciarios, reemplazando gradualmente a la Policía Nacional en dichas funciones que pasarán a ser competencia exclusiva del Sistema Penitenciario Nacional”, reseñó entonces el mandatario.

Sin embargo, ese asunto retoma fuerza en circunstancias en que en Centroamérica se libra una lucha contra las maras. En 2016, El director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, confirmó la presencia en Panamá de maras, tras la captura de dos sospechosos vinculados a grupos criminales con presencia activa en Honduras, El Salvador, Guatemala (Triángulo Norte) y Estados Unidos.

En mayo de 2017, a causa de la frustración ciudadana por múltiples asesinatos, Varela prometió redoblar la seguridad y acabar a las pandillas en la caribeña ciudad de Colón. Para ello, dio instrucciones a la Fuerza de Tarea Conjunto (FTC) o “Fuerza Águila”, y adujo que “no me preocupa (el incidente entre pandilleros y policías), porque los vamos a derrotar. Los vamos a detener a todos”.

Experiencia policial en Centroamérica

Tas una fuerte represión contra quienes cometen crímenes violentos, el gobierno hondureño ha bloqueado las señales de los teléfonos celulares introducidos en centros penitenciarios, para evitar que desde allí sean transmitidas órdenes de ejecuciones en Honduras. Esos grupos transnacionales figuran en la mira del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos por su participación en las redes del narcotráfico, crímenes y la trata de personas.

El comandante Rodríguez detalló que una reforma legal permitió el traslado de 755 reclusos de alta peligrosidad, a la prisión de máxima seguridad “El Pozo”, en la ciudad de San Pedro Sula, en la zona norte hondureña. El presidio carece de energía eléctrica para evitar contactos con el exterior y opera bajo parámetros de la Asociación Americana de Prisiones (ACA). Los internos están obligados a usar números impresos en la espalda de sus respectivos overoles.

Insistió en el argumento de que la medida de aislamiento contribuyó a reducir el delito de extorsión en un 35 por ciento en suelo hondureño. En 2011, Honduras tenía una tasa de 86 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta en Centroamérica, pero en 2017 descendió a 59 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El especialista remarcó que a esa reducción han contribuido dos iniciativas: DARE, contra el consumo de drogas en los colegios, y otra sobre la prevención de maras o pandillas. Ambos programas son financiados por el gobierno de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Honduras desarrollan, además, el programa Guardianes de la Patria, para incorporar a jóvenes a actividades como la reforestación y el fortalecimiento de valores humanos.

“Mareros” centroamericanos desafían la autoridad.

Situación en las cárceles en Panamá

En julio de 2014, la población penitenciaria en las 22 cárceles de Panamá era de 14.174 detenidos, pero en 2016 se elevó a 17.137 privados de libertad. Ello representa un incremento promedio de 1.000 internos por año en deterioradas estructuras donde predominan los abusos, el crimen y el tráfico de armas y drogas, y es casi nula la rehabilitación de convictos hacinados en celdas.

Al respecto, el Ministerio de Gobierno convocó una nueva licitación para el estudio, diseño, construcción y equipamiento del proyecto de un nuevo y seguro complejo penitenciario en la provincia de Colón. Las autoridades locales reconocen que las pandillas en Colón están dirigidas por dos organizaciones criminales: “Calor Calor” y “Bagdad”. Ambas tienen células en el ámbito nacional.

Se estima que en Panamá hay unas 158 pandillas, 45 menos que las que había en 2014. No obstante, algunos antiguos integrantes fueron absorbidos o asimilados, ya que también hubo fusiones. Asimismo, han surgido grupos dedicados a cometer ejecuciones por encargo.

El crecimiento exponencial de las pandillas tiene su origen en la invasión de Estados Unidos a Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989, cuando fueron desarticuladas las Fuerzas de Defensa de este país y las armas abandonadas quedaron en manos criminales. Los niños que presenciaron los horrores de la invasión reprodujeron años después las formas de exterminio y violencia en los barrios.

En la década de 1990, surgieron en Colón diversas pandillas, entre ellas, “Bambú Line”, “Vaticano”, “Los Chicos del Norte”, “Ciudad del Papa”, que se diputaban el mercado interno de la droga. Luego, fueron absorbidas por otras organizaciones delictivas. En las cárceles asumieron el control de las redes criminales y la violencia no ha cesado, en medio de altos niveles de corrupción.

 

 

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