Productores del distrito de Barú emplazan al gobierno de Varela y advierten sobre consecuencias
Productores esgrimen unidad en defensa de sus tierras.
(Redacción de Bayano digital)
El abogado Santander Tristán Donoso, especialista en temas agrarios, confirmó a Bayano digital que ha sido interpuesta una demanda contra el gobierno panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, a favor de los productores del distrito del Barú, en la occidental provincia de Chiriquí, y advirtió sobre repercusiones, si el Órgano Ejecutivo persiste en el desalojo de presuntos “intrusos” en tierras arables en disputa.
Tristán interpuso la demanda en nombres de la Alianza Estratégica Nacional y aclaró en tono enérgico que se prevén medidas cautelares a favor de los productores en Barú, ante la amenaza de desalojo de sus fincas y viviendas, que figura en el Contrato 36-17, aprobado por la Ley 28 de 2017, entre el Estado panameño y la multinacional Del Monte, cuya empresa subsidiaria Banapiña, S.A. ha realizado negociaciones directas con el gobierno. Añadió que el contrato es fuente de conflicto, debido a que atenta contra los derechos humanos y transfiere valiosas tierras a manos de una empresa extranjera.
Voceros gubernamentales plantearon en un anuncio nacional que el proyecto acordado con la empresa frutícola “reactivará económicamente” la zona donde se desarrolló la centenaria industria bananera, y que ahora es escenario de una intensa actividad por parte de pequeños productores de diversos rubros agropecuarios. El mensaje oficial provocó expectación en sectores empresariales.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Productores Pro Defensa de Tierras en el distrito de Barú, Marvin Wilcox, calificó el contrato de un instrumento destinado a desalojar de sus parcelas a hombres y mujeres con derechos posesorios y aprovecharse de patrimonio hídrico. Añadió que en una agricultura intensiva, con el uso de pesticidas de alta toxicidad, la multinacional pondría en riesgo a los habitantes en comunidades contiguas.
Al respecto, Tristán observó que la demanda ante la CIDH es inminente el despojo a 800 productores que producen en la tierra que ocupan desde 1998, y que Banapiña, S.A. no cuenta con la sustentación adecuada para haber suscrito un contrato concesionado a 20 años prorrogables, incluido el cronograma y plan de inversión. De hecho, ese instrumento ha sido demandado por productores afectados, quienes advierten sobre serias violaciones a la Constitución y el Código Agrario vigente, y numerosas lagunas jurídicas en perjuicio de la nación.
La Alianza Estratégica Nacional ha denunciado que en Barú fue sembrado el germen de la confrontación, y que en el área de grupos oficialista han generado a través de actos arbitrarios un clima de tensión, de “pueblo contra pueblo”, que es muy peligroso para la paz social en un área deprimida socialmente. En ese sentido, instó al gobierno a suspender el polémico contrato y reconocer el derecho sobre la tierra de productores de productos agrícolas, cuya presencia en el área fue reconocida por autoridades agropecuarias. Asimismo, propuso la instalación de una mesa de diálogo técnico social, con representantes independientes, para resolver el conflicto.
