En días pasados asistí vía Internet a una controversia sobre el significado de los Tratados Canaleros.
Juan Carlos Mas C.
Médico
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En días pasados, asistí vía Internet a una controversia sobre el significado de los Tratados Canaleros. No había disputas antagónicas, sino puntos de vista para el enfoque de un hecho fundamental para las partes: Los Tratados del Canal, ¿fueron una conquista pacífica de los panameños? Al dimensionarlos de esta forma, se los señalaba como un hito puntual demostrativo de una nueva relación bilateral en base al carácter pacífico demostrado por Panamá.
Afirmarlo así, niega que todo suceso tiene un antes y un después. Extrapolándolo a otros países, podríamos decir que las reuniones de Evian en la contienda franco-argelina y las de Ginebra en la contienda entre Estados Unidos y Vietnam, eran hechos que pacíficamente producían un entendimiento entre partes. En realidad, toda relación conflictiva entre naciones, dirimida mediante las armas, ha de terminar por fuerza en una mesa de negociación.
Desde fundada la república, una vez asimilado su debut con el fusilamiento de Victoriano (Lorenzo) y los posteriores desencuentros que terminaron en el licenciamiento del ejército y desarme de la Policía, se asentó entre la población un sentimiento de desconfianza, a medida que el convivir entre estadounidenses y panameños mostraba que aquellos concebían la relación como vasallaje. Esta anidaba el riesgo de un colonialismo expansivo apreciado en los casos de la ocupación de Chiriquí y el reclamo para ocupar Taboga; además, al asumir la responsabilidad de reprimir la población durante los sucesos del Inquilinato, revelaban también que se repetía, sin sonrojos, las formas represivas de los típicos sistemas coloniales europeos.
No obstante, nuestras demandas en el sentido de que nos permitieran crecer como Estado, sin obstáculos coloniales, erupcionó como sentimiento nacional unificado con la gesta del rechazo de bases en 1947; aquello expresaba soterradamente la convicción de que la relación colonial en su totalidad debía ser modificada, empezando por la contención del proceso expansivo de tipo colonial, que amenazaba con derramarse por toda nuestra geografía en forma cancerígena, tal como hoy hacen los asentamientos israelíes en el territorio palestino. Aquel reclamo fue un escalonamiento para liquidar aquel coloniaje de variadas sus formas y –una vez contenida su expansión– el objetivo nacional debió concentrarse en el más significativo bastión que era la Zona del Canal; para hacerlo debió concentrarse en el tema de la soberanía expresada por el derecho de la bandera a flamear sobre el territorio prestado. Aquella lucha tuvo su expresión el 9 de Enero con el luctuoso resultado conocido.
Desde las acometidas policiales del 12 de diciembre (1947), entre cargas de sables y mamporros, y la de 9 de Enero (1964) con muertos ostensibles, la lucha no fue pacífica, sino violenta, diferenciándose de otras latitudes tal vez cuantitativamente, pero entre bajas, encarcelados, perseguidos políticos y jóvenes enmontañados, aquella progresión no pacífica del espíritu patriótico fue larga, de una violencia contenida en las emociones la cual, como en los acuerdos mencionados al inicio, de Evian y Ginebra, debieron concluir en torno a la mesa de negociaciones. Atrás quedaron los muertos y heridos, los perseguidos, los proscritos de la vida civil que dan fe de que aquello no fue un camino de rosas.
Como en toda guerra en sordina, hay momentos en que amaina la violencia y otras veces se reactiva, por tanto, sumemos, a la violencia previa a los Tratados Torrijos-Carter, la otra lista devenida de la ruptura de hostilidades cuando en un intento de borrar el resultado de los Tratados, los estadounidenses invaden el país en diciembre de 1989; al hacerlo reinstalaron en el poder una sucesión de Gobiernos afines que cumplen el deber cipayo de administrar el legado de la ocupación militar; para ello destruyen sistemáticamente lo que se tenía, en un relevo ordenado de la instrucción de anular nuestra soberanía sobre todo lo conquistado: en suelos, aguas y aire, anulando práctica e ilegalmente todo lo que se pactó en aquella mesa de negociación. Al repudiar aquel Estado que intentó ser protagonista de la economía, liquidaron las empresas del Estado terminando por destruir la base sanitaria y educativa que debía operar como sostén del protagonismo popular.
Para finalizar, la adscripción de nuestro Gobierno a la alianza intervencionista estadounidense en Siria y en Venezuela, niega el carácter pacífico de nuestra relación con Washington y nos confirma que este enfrentamiento entre dos proyectos, el colonial y el patriótico, prosigue después de aquel momento de respiro y tregua pactado en aquellos Tratados. Si esta lucha aún continúa, lo que sigue en esta etapa es el encauzamiento judicial de quienes se apoderaron del Estado y mediante sus seudoantagonismos partidistas persisten en retrotraer la condición del país a sus estadios de república bajo protectorado.
