En cualquier parte del mundo, sería improcedente e inadmisible pedir una tregua oficial en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en Panamá, donde los acuerdos de recámara se ocultan tras bambalinas, suelen dejar ilesos a los imputados en graves delitos contra el Estado, aunque esos casos hayan terminado en escándalos de expolio y saqueo de los bienes patrimoniales de la nación.
La Justicia ha reaccionado con lentitud pasmosa y se apega al show mediático para hacer ver que el sistema es implacable. Los pobres resultados obtenidos hasta ahora se concentran en informes técnicos incompletos, testimonios, denuncias y detenciones de funcionarios de menor rango, sin que el guante justiciero caiga sobre los representantes de una clase explotadora cebada en el latrocinio.
El informe económico más claro relativo a los sobrecostos en varios proyectos de infraestructura en la administración del ex presidente Ricardo Matinelli, ha sido entregado por la Contraloría General. La auditoría realizada a contratos suscritos por el Estado con un puñado de empresas, reveló sobrecostos y sobreprecios por 318 millones de dólares, pero la cifra es un mínimo detalle del enorme fraude.
Se estima que el monto de los negocios efectuados en el gobierno anterior supera los 4.000 millones de dólares, y que el dolo persiste al margen del clamor de los ciudadanos que exigen transparencia. Una oligarquía insaciable y prepotente ha creado mecanismos para drenar recursos vitales del país, esquilmar a la población y aumentar la fortuna de familias que se reparten el botín del Estado.
Pese a los estallidos de escándalos internacionales de soborno y corrupción, que afectan la imagen de Panamá, hay una marcada negligencia que afecta el sistema judicial y deriva en impunidad. Está claro que el modelo no sirve para sancionar a la mafiocracia y a la plutocracia, y que las cárceles repletas de marginales no han sido diseñadas para albergar a la elite de multimillonarios corruptos.
Los ciudadanos panameños han recibido un país endeudado, vicios de clientelismo político, la institucionalización de la coima, la inseguridad y la cultura distorsionada de “juega vivo”, que conspiran contra el sentido de unidad nacional. Ningún pueblo del mundo merece ser sometido a esos desmanes. Tampoco tiene la obligación de tolerar el engaño, la impunidad y las prácticas de corrupción.
Se necesita una Justicia ejemplar y un cambio que aseguren la certeza del castigo, la recuperación de bienes mal habidos y que esos recursos económicos contribuyan a lucha contra la pobreza. Hay que advertir, además, que bajo el manto de la impunidad prospera el fraude y el entreguismo, y se encona el crimen. Por ello, se debe recurrir a magistrados probos y a la lucha social transformadora.
