- De 230 asentamientos campesinos creados en Panamá en la década de 1970, únicamente sobreviven 100 ‒incluida la comarca Ngäbe-Buglé‒, donde han sido escritas historias en defensa de la utilización colectiva de la tierra.
- Campesinos y pequeños productores están afectados por el mismo modelo importador, que arruina al sector rural y favorece a grupos económicos e intermediarios.
Por David Carrasco
El veterano dirigente agrario Julio Bermúdez Mosquera, quien de 1970 a 1991 dirigió la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos (CONAC), afirmó que “Panamá necesita a un estadista que rescate al sector agropecuario”, arruinado por el modelo importador que controlan las cadenas de supermercados.
Bermúez Mosquera conversó con Bayano digital sobre los retos productivos y dijo que miles de familias dedicadas a actividades agrícolas y pecuarias están al borde del colapso, debido a la masiva importación de alimentos y a la falta de una política del Estado que promueva la adopción de tecnologías y eleve los rendimientos por hectárea en cada explotación.
Recordó que tras el auge en el movimiento campesino y el combate a la pobreza, durante el gobierno del desaparecido general Omar Torrijos, los asentamientos enfrentaron varios intentos de disolución, sabotajes y el acaparamiento de tierras en áreas rurales, lo que ha tenido efectos en la seguridad alimentaria en el país, donde prevale un aplastante modelo importador.
El dirigente campesino y secretario ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá (APEMEP), destacó que en la cúspide productiva en la década de 1970, los asentamientos tuvieron hasta 50.000 cabezas de ganado vacuno y producían el 33 por ciento de todo el arroz cultivado, y contribuyeron a que Panamá fuese un país exportador.
Sostuvo que ante las dificultades para que el Instituto de Fomento Económico (IFE), apoyado por la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) financiase a los asentamientos, el general Torrijos creo el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), lo que potenció la proyección social y productiva en las áreas rurales.
De ese modo, jornaleros que eran en parias sometidos a la burguesía agraria pudieron incorporarse a un proyecto que les abrió las puertas a la Educación, Salud y Trabajo colectivo. La mayoría de los asentamientos se dedicó a la producción de arroz, mientras que una parte incursionó en la ganadería de carne y leche, y el cultivo de cucurbitáceas y palma aceitera africana.
Con Torrijos y sin él, la lucha continúa
La muerte del general Torrijos, acaecida en 1981, cambió el panorama de los asentamientos, que habían sido objetados por la corriente militar que encabezaba el general Rubén Darío Paredes, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y grupos latifundistas empeñados en mantener vigente un modelo económico arcaico.
Tras la invasión de Estados Unidos a Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989, las tropas estadounidenses detuvieron a 150 dirigentes agrarios y ocuparon las oficinas de la CONAC, localizadas en el sector de Balboa, en las áreas revertidas. El gobierno del presidente Guillermo Endara, apoyado por las fuerzas de ocupación, se volcó en contra de los asentamientos.
Bermúdez Mosquera recordó que asistió a una reunión de productores convocada por el entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Ezequiel “Chichilingo” Rodríguez, quien al notar su presencia manifestó: “¿Qué haces aquí? No tienes nada que venir a buscar acá. ¡Lárgate!”. A partir de ese momento, los dirigentes agrarios comprendieron que su lucha sería más dura para crecer y sobrevivir en un ambiente duro y hostil.
El gobierno de Endara cortó los servicios de agua, luz y telefonía en la oficina de la CONAC, que luego fueron restituidos. Pero, en esas circunstancias de gran presión política y económica, los campesinos recibieron el apoyo del Comité Auxiliar de Seguridad de Seguridad Alimentaria de Centroamérica y Panamá (CADESCA), para integrar un movimiento regional fuerte.
Bermúdez Mosquera dijo que la CONAC tuvo la “mayor decepción” en el gobierno del ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), quien no le restituyó ni la asistencia técnica ni los créditos a los asentamientos, que entonces ascendían a unos 20 millones de dólares anuales.
Las dificultades incluyeron a los gobiernos de Mireya Moscoso y Martín Torrijos. A ambos se les planteó la necesidad de garantizar el desarrollo con equidad en la cuenca del Canal de Panamá, donde han sido incumplidos, hasta ahora, los acuerdos de sembrar 2.500 hectáreas de cacao, incluso para la exportación, ya que la superficie cultivada no supera las 60 hectáreas.
Bermúdez Mosquera señaló que pese a los retos, el ex ministro de Desarrollo Agropecuario Laurentino Cortizo, permitió que los asentamientos que usaban el suelo en usufructo pudiesen comprar la tierra en seis dólares la hectárea, en vez de los 1.200 que le querían aplicar otros antecesores. “Así fue que casi el 100 por ciento de los asentamientos se convirtió en propietario. Ahora se inicia una nueva etapa, y se requiere un gobierno que privilegie la producción y comercialización agropecuaria de Panamá”, acotó.
