Panamá a través del tamiz constitucional. Editorial del martes 21 de mayo

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La población panameña ha vuelto a ser blanco de una campaña mediática y elitista para convencer a los ciudadanos de la “conveniencia” de votar por reformas constitucionales que saquen a Panamá de la crisis institucional. Sin embargo, esa iniciativa, presumiblemente inspirada en “genuinos intereses nacionales”, también tiene un lado tan oscuro como las entrañas del poder fáctico y opresor.

Los reiterados pedidos de reformas a la constitución se incrementaron tras el triunfo electoral del 5 de mayo del presidente Laurentino Cortizo, del socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien ha reconocido la necesidad de adecuar la carta magna a las necesidades, tareas políticas pendientes e inmensos desafíos de la república, en un contexto global tenso y complicado.

La constitución vigente se remonta a 1972, cuando irrumpió un proceso revolucionario que tomó distancia del caduco modelo oligárquico de administración del Estado y afianzó un proyecto de representación popular que empoderó a las comunidades en todo el país. Con el paso de los años, esa nueva forma de administrar al Estado fue desnaturalizada con cinco diversos actos reformatorios.

El problema principal en la celeridad de grupos empeñados en sustituir una constitución o generar una nueva, radica en la falta de una clara definición de lo que quieren los panameños y la apuesta de los quienes pretenden abrogarse la vocería del movimiento popular ante la falta de debates que privilegien los argumentos de un necesario cambio de las desgastadas estructuras en Panamá.

Es indispensable promover la consulta y definir en ese panorama los objetivos de una Constituyente. No tiene sentido modificar el instrumento supremo, si los grupos empresariales ‒arrimados a los medios‒ son los que van a imponer su agenda al gobierno electo. En todo caso, debe predominar la más amplia consulta, el carácter soberano del poder popular y la plena voluntad democrática.

En el período de vida republicana, Panamá adoptó cuatro constituciones (1904, 1941, 1946 y 1972) y, desde su última aprobación, ocupa el cuarto puesto en antigüedad después de México (1917), Costa Rica (1949) y Uruguay (1967). El gobierno saliente, encabezado por el presidente Juan Carlos Varela, prometió aprobar una quinta constitución, pero se cruzó de brazos y desistió del publicitado proyecto.

El deterioro intencional de la constitución de 1972 es un hecho innegable, que se refleja a través del expolio. El primer paso en la dirección correcta es avanzar hacia una nueva arquitectura de los órganos del Estado, privilegiar el debate, la Justicia, los derechos, y asegurar que el título XIV, sobre el Canal de Panamá, proteja a ese gran patrimonio y decida el rumbo patriótico de la nación.

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