Por David Carrasco
Docentes universitarios, líderes estudiantiles y organizaciones sociales rechazaron el llamado de un grupo de notables que promueven un paquete de reformas constitucionales. En su lugar, instaron al gobierno entrante a convocar una Constituyente Originaria para resolver los graves problemas sociales y políticos del país, así como los abismos causados por la falta de equidad.
El catedrático universitario Raúl González planteó en conferencia de prensa en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, que “no podemos ni debemos permitir que sean los diputados, esa Asamblea corrupta, la que determine el rumbo, el destino de nuestros derechos y nuestras libertades consagradas en una constitución”.
Sobre ese mismo tema, el presidente electo, Laurentino Cortizo, respondió hace varias semanas a medios locales, que entre sus prioridades en los primeros 100 días de su mandato de cinco años figuran las reformas constitucionales, un tema postergado por el gobierno del presidente saliente Juan Carlos Varela.
El mandatario sostuvo que analiza un paquete de reformas a la Constitución vigente de 1972, propuestas por el Consejo para la Concertación Nacional. Simultáneamente, elementos cercanos a su gobierno sugirieron la posibilidad de enviar ese documento a la Asamblea Nacional para el debate y aprobación parlamentaria.
“Las reformas a la Constitución son importantes y tenemos que actuar rápido, meterle velocidad, y para eso vamos a utilizar el documento que se presentó en la Concertación Nacional”, dijo al respecto Cortizo en su contestación a los periodistas.
Sin embargo, González descartó las reformas constitucionales como una vía válida para ventilar problemas de fondo que demandan cambios esenciales. “Pretender cambiar al pueblo soberano por una Asamblea de Diputados corrupta, es demostrar que no hay ningún respeto hacia el pueblo panameño”, reseñó el catedrático.
Puntualizó que, de hecho, el Tribunal Electoral objeto la integración de una Asamblea Constituyente Originaria, pero diversas organizaciones sociales interpusieron en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad, debido a la violación de los derechos humanos esenciales de la población panameña y del Artículo 2 de la Constitución, en que se advierte que el poder público sólo emana del pueblo.
González recordó que la Constitución de 1972 fue reformada en cuatro ocasiones y hubo dos pretensiones fallidas de modificarla que fueron rechazadas por el pueblo a través de referendo. Sostuvo que la carta magna es “un parche más”. Esa posición crítica fue avalada por el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y jóvenes universitarios, en un llamado a la consulta popular.
Los promotores de la Constituyente Originaria manifiestan que la iniciativa busca resolver la crisis institucional, afianzar el Estado Nacional y generar mecanismos para asegurar la defensa de la soberanía nacional y un pleno ejercicio democrático en la toma de decisiones fundamentales que alcancen a todos los sectores en el país.
González cuestionó que grupos económicos poderosos gestores de la privatización sean los mismos que promueven las reformas constitucionales. Añadió que “estamos cansados de que otros tomen decisiones en nombre nuestro”, en especial si los culpables de la crisis y el endeudamiento de Panamá imponen las reglas de juego.
El docente planteó que el primer procedimiento es preguntarle al pueblo panameño, a través de un referendo, si quiere o no quiere una nueva Constitución. Acotó que, si en esa consulta gana el Sí, debe ser convocada una Asamblea Constituyente. En ese sentido, exigió garantizar que los ingresos económicos provenientes del Canal de Panamá sirvan al anhelado desarrollo social de los panameños.
