Organizaciones de consumidores emplazan al contralor Humbert

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ACODECO vuelve a estar en la mira de los panameños.

Por David Carrasco

Organizaciones nacionales han emplazado al contralor general, Federico Humbert, debido a la aplicación de medidas restrictivas, y exigen al gobierno del presidente Laurentino Cortizo que frene los abusos en el ámbito administrativo que afectan a la población, dijo el secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (UNCUREPA), Pedro Acosta.

En declaraciones a Bayano digital, Acosta precisó que el artículo 109 de la antigua CLICAC ‒hoy Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO)‒ prevé que hasta el 10 por ciento de esa institución debe ser transferido a las organizaciones de consumidores existentes, para que puedan desarrollar su labores de educación y orientación a los ciudadanos en este país.

Añadió que esa disposición establece que son “fondos concursables para la educación al consumidor”, que deben ser asignados a diversos proyectos aprobados. En ese sentido, advirtió que “no es un subsidio, ni ello está destinado al mantenimiento de locales o el pago de secretarias”, ya que la legislación es clara al privilegiar la orientación a los consumidores sobre derechos que son constantemente violados en el mercado.

Acosta indicó que UNCUREPA dirige varios proyectos, como el programa radial “Hablan los Consumidores” y una publicación periódica a través de Internet y redes sociales, además de organizar talleres sobre temas puntuales. Sin embargo, gran parte de ese trabajo ha sido afectado por la “interpretación antojadiza de la ley”, en un intento de bloquear a las organizaciones contestatarias que denuncian entuertos y anomalías.

Subrayó que, en el 2016, el contralor Humbert adujo en forma autoritaria que esos fondos previstos no podían ser entregados, si las organizaciones de consumidores no adelantaban una fianza equivalente al 100 por ciento de la cantidad asignada, algo que jamás había ocurrido en administraciones anteriores. Para justificar la medida, la Contraloría General describió a las organizaciones de consumidores como “agentes de manejo”.

Debido a ello, lps querellantes rechazaron ese mecanismo e interpusieron en la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías, que fue archivado pese a una rigurosa y fundamentada sustentación. Contra Humbert fue presentada una querella penal por peculado, extralimitación y omisión de funciones públicas. Ello generó un debate en el ámbito jurídico y condujo a un control de garantías en estricto derecho, para que no fuese archivado el expediente, en procura de claros elementos probatorios.

“En algún momento, los panameños vamos a saber que en este país hay una gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), en el ámbito de la Salud y el Deporte, las cuales han sido provistas de fondos del Estado sin que se les haya pedido fianza alguna”, puntualizó el dirigente de UNCUREPA en un llamado al imperio de la ley y a la reactivación de procedimientos dirigidos a salvaguardar el interés colectivo.

Acosta sostuvo que la nueva administración de ACODECO entiende las reclamaciones legítimas postergadas. No obstante, resaltó que la exigencia de Justicia sigue trancada por las acciones de la Contraloría General y la actitud contumaz de Humbert y sus asesores. “Esperamos que el gobierno del presidente Cortizo y ACODECO puedan rectificar pronto esas irregularidades cometidas en el Estado”, acotó.

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