El asesinato a tiro del futbolista Amílcar Henríquez, un talento deportivo que dio satisfacciones al país como integrante de la Selección Nacional de Fútbol, desnuda el fracaso del gobierno en la prevención de la violencia en las calles, donde las pandillas vinculadas al narcotráfico mantienen una disputa por territorios para asegurar su hegemonía y predominio en el mercado de la droga.
El crimen organizado encontró en los barrios un campo fértil para extender sus tentáculos tras el inicio de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989. La desarticulación de las Fuerzas de Defensa y la pérdida de la institucionalidad crearon condiciones para la proliferación sin precedentes de grupos delincuenciales regidos por códigos de muerte y exterminio.
Jóvenes sin empleo expulsados del sistema educativo formal y muchas veces maltratados por la pobreza en el núcleo familiar, han sido captados por las organizaciones criminales que ponen en sus manos armas automáticas en vez de libros, y apelan a la violencia en lugares donde la presencia del Estado es débil, escasa o nula. Unas 150 pandillas operan en Panamá, según informes oficiales, en desafío a las fuerzas de seguridad y operaciones policiales.
A esa violencia desenfrenada, ha contribuido la instauración de un modelo de inequidad y expolio, que succiona las riquezas del Estado y despoja a los pobres de las oportunidades de desarrollo. Entre los factores que generan distorsiones sociales en Panamá figuran la impunidad en casos de alto perfil, el fracaso del sistema de justicia y la falta de programas de rehabilitación en cárceles inmundas que son universidades del crimen, el abuso y la depravación.
Sin duda, la ausencia de políticas de desarrollo humano ha tenido un efecto desfavorable en la juventud panameña, que se enfrenta a la falta de objetivos unificadores y movilizadores. En ese escenario, se encona el delito, prospera el odio y el rencor, y se afianza la violencia que no puede ser frenada con campañas cosméticas o el show mediático de una “mano dura” que es incapaz de cortar de raíz las redes del narcotráfico responsable de la muerte de deportistas.
El asesinato del futbolista Amílcar Henríquez y de otros prospectos juveniles no es un hecho aislado. En realidad, es el resultado del deterioro del tejido social, de la pérdida de valores y de un entorno socioeconómico dominado por la corrupción y la connivencia. El doloroso hecho de su desaparición física permite reconocer al crimen organizado cono un enemigo de legítimas causas populares ante el fracaso del ensalzado modelo de seguridad pública.
Es imposible permanecer indiferentes ante el descalabro del país, repartido a pedazos, donde la miseria tapada por los rascacielos empieza a aflorar a través de una violencia que estalla frente a todos, mientras que los casos de corrupción exigen una clara y contunde respuesta de cambio, para generar perspectivas dignas hacia el futuro. Los patriotas que luchan tienen el derecho y el deber de hacerlo con valentía, en procura de un verdadero desarrollo humano, que traduzca en hechos tangibles la gobernabilidad en Panamá.
