CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) – La batalla contra la corrupción en México es central en la estrategia del candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, dijo a Sputnik Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, politóloga encargada del plan contra ese flagelo del favorito en las encuestas.
“Nuestro proyecto de nación para recuperar la soberanía, la dignidad nacional y el interés público de las grandes mayorías sobre la maraña de los intereses privados, contempla cinco líneas estratégicas de acción contra la corrupción”, expuso la experta designada para el gabinete de López Obrador o AMLO, como los llaman sus seguidores.
El objetivo del plan anticorrupción es “regenerar la vida pública, al instalar una nueva ética en la función pública”, dijo la asesora, quien acompañó a López Obrador en el segundo debate realizado la noche del domingo 20 de mayo.
La académica experta en temas de fiscalización, anticorrupción, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, encabezaría la secretaría federal de la Función Pública si el aspirante de 64 años gana a Presidencia en su tercer intento consecutivo.
La primera de las cinco líneas de acción contempla el uso de nuevas tecnologías, no solo para vigilar las compras por Internet, “sino también para ciudadanizar los controles”, explicó.
En segundo lugar, plantea eliminar las asignaciones directas de contratos, que ahora alcanzan hasta el 80% de las contrataciones del Estado, que favorecen la opacidad “y someterlos en cambio a concurso, en licitaciones públicas en tiempo real”, dijo la politóloga doctorada por la Universidad de California en Santa Cruz.
“Se trata de ejercer el control ciudadano preventivo, no sólo posterior mediante la Auditoria Superior de la Federación, sino con verificación cívica, sin copiar a EEUU, sino como lo hacen otros países latinoamericanos”, expuso la también investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La experta, quien ha sido consultora para el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, señaló que el tercer eje de acción consiste en “profesionalizar un servicio civil de carrera para cualificar la vida administrativa y burocrática del país”.
En materia de castigo a la falta de honestidad de los funcionarios, propone en cuarto lugar “sanciones y fiscalización de tribunales administrativos”, sostuvo la coautora de libro “Corrupción y transparencia: debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad”.
Como quinto elemento de la estrategia, considera “eliminar la llamada consolidación financiera [en el pago de impuestos], que es un eufemismo para justificar la evasión fiscal”, como ocurre por ejemplo con los fideicomisos, que no son auditados.
En México las llamadas “contralorías” se han convertido en “figuras de adorno” que impiden investigar la ruta del dinero que llega hasta las cuentas de funcionarios y exfuncionarios en los llamados “paraísos fiscales”, deploró la fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional, creado por López Obrador en 2014, al abandonar el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), que lo postuló en 2006 y 2012 a la presidencia.
En todo este diseño, dijo Sandoval Ballesteros, la sociedad contará con “contralorías ciudadanas, que tendrán la función de testigos sociales”, enfatizó.
Futuro del sistema anticorrupción
Según AMLO, la corrupción devora al menos el 10% del presupuesto, es decir unos 25.000 millones de dólares anuales, uno de los factores del hartazgo que lo han catapultado al frente de las encuestas, junto con el fastidio con la interminable violencia e inseguridad.
La autora plantea que casos como los sobornos por al menos 10,5 millones de dólares pagados a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que han confesado los gerentes de la constructora brasileña Odebrecht, son un ejemplo de la parálisis de la justicia anticorrupción.
Lamentó, además, que el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), gracias a una reforma constitucional del Congreso, “tropieza ante la existencia de una fiscalía anticorrupción que permanece acéfala desde su creación hasta la fecha”.
En cambio, reconoce que la Auditoría Superior de la Federación, que opera como organismo semiautónomo “ha sido más eficaz y ha logrado resultados, a lo cual debe sumarse ‒insistió‒, la participación y denuncias ciudadanas legales”.
En la persecución de los funcionarios que incumplan con un ejercicio transparente, “no meteré las manos al fuego por nadie, excepto por Andrés Manuel, porque confiamos en su honestidad”, subrayó.
Interrogada por Sputnik sobre su postura ante la propuesta de cientos de organizaciones de la sociedad civil que exigen una reforma constitucional para crear lo que llaman “una fiscalía autónoma que sirva”, que no esté subordinación al presidente, respondió que “no estamos en contra de estudiar otras propuestas ciudadanas”.
Sin embargo, enfatizó que la propuesta de López Obrador consiste en “proponer enviar al Congreso una trena de figuras probas, para que los legisladores elijan al más capaz”.
A la pregunta de esta agencia sobre la posibilidad de proponer para México una figura similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo de Naciones Unidas, como proponen organizaciones ciudadanas anti corrupción, considero que “la justicia transicional internacional tiene un rol importante contra violaciones a los derechos humanos, pero no en el combate administrativo de la corrupción”.
Cumplir la ley
Ese enfoque contempla que el énfasis en el arranque de un nuevo gobierno, si gana AMLO, estaría en hacer funcionar las instituciones atrofiadas, como el despacho que vigila la función pública desde el Poder Ejecutivo.
Ante la conocida práctica de los testaferros y prestanombres, usados para ocultar fortunas mal habidas, adelantó que “una coordinación de inteligencia financiera actuará de en forma directa y transversal, sin esperar que nos presenten las denuncias”.
