Por David Carrasco
La decisión de declarar “no culpable” al ex presidente Ricardo Martinelli, en el juicio oral por “pinchazos” (espionaje telefónico), revela el fracaso del sistema judicial panameño, envuelto en sucesivos escándalos de prevaricación, venalidad y sometimiento a los poderes fácticos y al crimen organizado, y abre una caja de Pandora en la crisis que socava al Estado.
Sin más argumento que la duda razonable y las inconsistencias en el proceso, el Tribunal del juicio oral en el caso, integrado por los jueces Roberto Tejeira (presidente), Arlene Caballero (relatora) y Raúl Vergara (tercer juez), pasará a la historia por su controversial fallo unánime que marca un punto de inflexión en la esfera del Derecho y destapa una crisis profunda que carcome los pilares de los poderes del Estado.
Para los analistas jurídicos comprometidos con la recuperación de la institucionalidad mancillada, es inconcebible que un ex presidente (reo rebelde) extraditado a Panamá y sobre quien pesan graves acusaciones, como corrupción, dolo y crímenes contra la población indígena, se jacte ante la opinión pública de ser víctima de planes de “venganzas” y celebre con fuegos artificiales su liberación.
La comunidad internacional aún no sale del asombro debido al desempeño selectivo del sistema judicial en Panamá. Es obvio que la polémica decisión de dejar libre de culpas al imputado, echa más lodo al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, en circunstancias en que los pobres condenados por delitos menores se pudren en cárceles pestilentes de este país, donde predomina el abuso.
Una forma de entender lo ocurrido, es ver la forma irregular en que fue estructurado el caso en el gobierno del ex presidente Juan Carlos Varela, quien recurrió a una solicitud de extradición sobre la base de delitos menos onerosos que pesan contra Martinelli. A ello, se sumó una pobre y sospechosa labor de los fiscales, que fueron incapaces en incorporar pruebas irrefutables al expediente leído por los magistrados.
El caso se inició en el 2015 y quedó bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, debido a que Martinelli tenía fuero del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El 7 de diciembre de 2018, luego de la extradición del personaje de marras a Panamá desde Estados Unidos, por decisión del Pleno del máximo órgano judicial, se declinó la competencia y el caso pasó al Sistema Penal Acusatorio.
En 2013, el denominado “no culpable” ex presidente fue involucrado en un escándalo en la casa de valores Financial Pacific. Se le relacionó junto a uno de sus hijos en una presunta cuenta secreta, Haihg Spirit, para obtener información bursátil privilegiada en el sector minero. En 2017, los hijos del ex presidente Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por el caso de sobornos por Odebrecht.
Sin embargo, nada de ello parece haber pesado en la decisión del Tribunal de Justicia. Tampoco fueron incorporados al proceso las graves denuncias por sobrecostos en obras del Estado, ni los casos de personas acribilladas o heridas gravemente en protestas en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí. El resultado confirma la influencia de las elites del poder económico sobre un sistema judicial enfermo y desprestigiado en el que impera la impunidad y la falta de transparencia pública.
La Justicia en Panamá no tiene un rostro presentable y decente. Es un enorme sumidero y un escenario denigrante que a diario le muestra a la población la pérdida de valores. Esa realidad, en la que predominan los antivalores, es un reto que marca el camino de lucha para el combate a la impunidad y el rescate del Estado nacional repartido entre una clase dominante y usurpadora, que asalta el patrimonio del país.
