El estallido de un nuevo caso de corrupción que involucra el desfalco de 300 millones de dólares, perpetrado por 14 empresas en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS), ha colocado en el ojo de la tormenta a una de las instituciones vitales de Panamá, que sigue amenazada por proyectos de privatización de servicios y la política de usurpación ideada por el capital financiero.
La actividad ilegal ha burlado todos los mecanismos de control administrativo, que se consideraban infalibles, para poner en riesgo los programas que cubren a la población asegurada y el fondo de pensiones. Sin embargo, más allá del impacto de ese hecho en la opinión pública, queda en evidencia la importancia de blindar al sistema de seguridad social ante un posible colapso.
Los desafíos van más allá del fraude ventilado en los medios, ya que emergen evidencias de un plan para sabotear una adecuada gestión en la CSS, que se refleja en la falta de esmerada atención médica y la carencia de insumos hospitalarios o medicamentos recetados a los pacientes que requieren terapias inaplazables, pero que tienen limitaciones de compra en el presupuesto oficial vigente.
Sobre la base de informes actuariales que revelan una situación deficitaria en algunos programas, predominan los pronósticos economicistas desfavorables, pero sin tener en cuenta una política de recuperación de fondos sustraídos, o la opción de un apalancamiento por parte del Estado, sin que ello derive en más sacrificios para la masa asegurada que exige justicia y “cero corrupción”.
Está cada vez más claro que las irregularidades administrativas y la tercerización de servicios conspiran contra el carácter solidario de esa institución que no tiene un pleno dominio de sus recursos. Los sindicatos, gremios y asociaciones de trabajadores deben cerrar filas contra grupos empeñados en asaltar el patrimonio de la CSS y exigir responsabilidades y castigo a los culpables de esos hechos.
Urge una defensa organizada y permanente del sistema de seguridad social, que ha generado paz y salud en Panamá. La desarticulación o el desplome financiero del modelo solidario, equivaldría a una fractura en el proyecto de nación. Sin duda, ello sugiere tensiones y confrontaciones en el intento de preservar los derechos sociales en un país preso del latrocinio y empujado a la privatización.
