El sistema de la seguridad social en Panamá, representado en la Caja de Seguro Social (CSS), se encuentra en la mira de grandes intereses que buscan la tercerización de sus servicios, una especie de eufemismo que define la privatización de las partes de un todo indispensable la definición de la Salud colectiva. Su crecimiento y desarrollo es respaldo vital para la estabilidad del país.
La CSS ha sobrevivido hasta ahora a todos los intentos dirigidos a desmembrar los programas que sirven de pilares institucionales. Sin embargo, vuelve a estar en la mira de grupos del capital financiero, involucrados en el negociado de medicamentos y en el desvío a manos privadas de más de 1.000 millones de dólares en cuotas obrero patronales previamente descontadas.
Desde esas mismas organizaciones privadas surgen voces que abogan por un aumento de la edad de jubilación y el manejo de fondos de los asegurados por parte de compañías especializadas en primas y pólizas de vida. Intentan convencer a la población de que esa es la mejor vía, mientras la Organización Internacional del Trabajo reconoce la validez del sistema solidario.
El plan para golpear a la CSS y socavar a sus cimientos pasa, además, por la injerencia oficialista, la ausencia de informes actuariales serios, la extraña renuncia de dos directores generales y la falta de hospitales modernos, eficientes y bien equipados. La moratoria quirúrgica ha disparado las señales de alarma de la población asegurada, que percibe riegos en el entorno.
Cada vez es más claro el intento de grupos económicos de minar a la más grande empresa pública y manejar a su antojo al Estado. La oferta de una publicitada alianza público privada oculta, precisamente, ese interés de sacar provecho del patrimonio estatal y administrar fondos de pensiones, como su fuese una panacea, con la consiguiente pérdida de derechos sociales.
La CSS está marcada como víctima del ultraje, y los sindicatos están en la obligación de responder al entreguismo y despojo. Lo que está en juego en estos momentos es el futuro de la población y las nuevas generaciones, y es inaceptable justificar que la institución sea empujada en forma deliberada a la quiebra, para aprovecharse de la venta o privatización de servicios.
