La opacidad del sistema judicial panameño. Editorial del martes 6 de noviembre

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Un velo de misterio envuelve las investigaciones del Ministerio Público sobre escándalos financieros en Panamá, en medio de la sorpresa de la población que reclama resultados ante la pobre recuperación de los gigantescos recursos económicos sustraídos a las arcas del Estado y bienes patrimoniales arrebatados a través de una política de despojo de la elite que ejerce el poder.

Debido a las reiteradas críticas ciudadanas ante la aplicación de lentos procedimientos de investigación, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público anunció que a fines de noviembre de este año presentará un informe sobre el avance de los casos de soborno promovidos en este país por la constrictora brasileña Odebrecht, a la que el Estado ha adjudicado contratos hasta el 2019.

Los sobornos pagados en Panamá por la constructora ‒como lo han hecho otras empresas fraudulentas‒ alcanzarían unos 86 millones de dólares en contratos aprobados en forma sórdida. En un intento de redención, la firma se comprometió a honrar una multa de 220 millones de dólares mientras que siguen en un limbo jurídico escándalos de corrupción ventilados en los medios.

La Justicia sesgada y manipulada se convierte así en aliada del capital financiero y se muestra como el Talón de Aquiles (una de las mayores debilidades del Estado en materia política y de desarrollo humano). Ello repercute en la progresiva pérdida de la confianza en el sistema y en el acelerado deterioro de la imagen reputacional del país, más allá de lo que muchos imaginan.

A ese despropósito contribuye la forma perversa instaurada para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una especie de régimen de lo absurdo para liberar a los ricos de toda culpa en el desfalco y la explotación de recursos vitales de la nación, y condenar a los pobres a soportar la ignominia bajo el manto del prevaricato o los fallos dudosos y cuestionables.

Hoy, rige sobre Panamá una opacidad vergonzosa en el ámbito de la Justicia cuyo origen radica en la contradicción social. Las elites económicas replican desde las esferas de poder un esquema rapaz que promueve la impunidad para que perdure el abismo creado, pero ese modelo insostenible induce a persistir en la lucha contra la corrupción, el expolio, los privilegios y la inequidad.

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