La Descentralización ¿por qué y para quién?
Por Juan Hernández Morales
En nuestro amado país, se yergue un modelo constitucional presidencialista, el cual empieza a sucumbir, mostrando graves señales de deterioro, que van desde la imposibilidad real de brindar los servicios básicos a la población, hasta el divorcio de la planificación de escritorio con la realidad nacional y la lógica de la distribución de los recursos económicos y naturales de la Nación.
Si bien es cierto, que la Constitución de 1972 sigue vigente con sus respectivas reformas, y que ésta creó el Sistema de Representantes de Corregimiento, lo que llamamos los Torrijistas “El Poder Popular”. Este sistema fue objeto de serias reformas que evitaron su consolidación. Todos recordamos la expresión “desde ya”, del general Paredes, quien desmanteló el Poder Popular, con las reformas constitucionales de 1983. Con ello, se dejó al sistema de representación popular y a los Gobiernos Locales sin ley y sin plataforma legal que sustentara su accionar.
Es en 1984, con la elección general, cuando los que fuimos electos entonces, nos enteramos de la debilidad legal existente. Se generó un movimiento nacional a lo interno de los Gobiernos Locales para darse una excerta legal. Así surgieron las reformas a la Ley 106, 105, de 1972, garantizando a los mismos vida legal.
El Torrijismo desarrolló una cultura de gestión pública denominada “Yunta Pueblo Gobierno”, que definía el rol del funcionario electo. Además, le daba su espacio a las comunidades, no sólo en la definición de sus problemas, sino también en la búsqueda de soluciones. Había un pueblo comprometido, atento al devenir nacional, y apostaba al desarrollo integral del hombre y la Nación.
Después de la muerte del General Torrijos, cambian las prioridades. Resurge el derroche de recursos en programas nacionales que no atendían el clamor nacional de los pueblos, ante los problemas de falta de agua, vivienda, salud y oportunidades para nuestras comunidades. Vino el asalto a las arcas del Estado, como a la vieja usanza, antes del 11 de octubre de 1968.
Poderosos intereses económicos casaron al Estado con el modelo neoliberal y la opción por los pobres, quedo siendo sólo una consigna para ganar votos. Lejos quedó la participación del ciudadano con sus autoridades en la solución de los grandes problemas nacionales y regionales, y poco avanzamos en atender lo que Torrijos denominó la Patria Domestica.
Después de la invasión norteamericana a Panamá el 20 de diciembre de 1989, se han sucedido varios gobiernos -dos de ellos PRD- sin programas claros que resolvieran las crisis nacionales. Por el contrario, dilapidar los recursos nacionales fue la moda, y no han sido tomados en cuenta, ni creados espacios, para la participación ciudadana. Las autoridades locales cada vez se enfrentan con menos recursos a la demanda del ciudadano y el centro de poder en San Felipe asume un rol único en todo lo concerniente a la cosa pública.
Las prácticas de “cero consulta”, mucha demagogia y un gran marketing, son los pilares que esos gobiernos sustentaron. De allí, que poco a poco se han debilitado, son menos representativos y menos efectivos en la solución de los problemas nacionales, se han sumido en una real crisis de representatividad.
Por el contrario, los ciudadanos, han retomado la presión hacia el gobernante, algunas veces en forma pacífica, otras en las calles. Hoy, resurgen viejas enfermedades como la tuberculosis y otras de carácter viral. Los Centros de Salud están desabastecidos y sin atención de médicos, el Seguro Social y las instituciones están de espaldas al asegurado.
Asimismo, la Educación enfrenta los más altos indicadores de deserción educativa, además del mal estado de los colegios públicos y las calles. Todo ello revela la necesidad de una gestión pública moderna y eficiente, un Estado que recupere la presencia del ciudadano, no sólo identificando necesidades, sino compromisos con la solución. Se necesita a funcionarios públicos que actúen de manera transparente en el uso de los fondos públicos, y que no se ericen cuando las comunidades les pidan rendición de cuentas.
Por esas razones, necesitamos la Descentralización y Modernización del Estado, para que el ciudadano de a pie sienta la presencia del funcionario, y las comunidades definan su rumbo y tracen su camino de desarrollo, a favor de que los fondos nacionales sean utilizados de la mejor forma en la solución de los problemas de la gente.
La Ley 134, que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública y dicta otras disposiciones, es un paso adelante en el camino correcto. Va a depender de las actuales autoridades Locales y de las que vengan, seguir consolidando la misma. Nadie puede negar los avances de esta. La Ley establece principios importantes: la transparencia en el uso de los fondos, la planificación territorial, la rendición de cuentas, la organización de las comunidades, la solidaridad intermunicipal, la creación de empresas municipales, entre otras.
