La defensa del sector agropecuario. Editorial del martes 28 de mayo

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Apegados a las fincas arrasadas por maquinarias de la empresa de la multinacional Del Monte, trabajadores agrícolas en el distrito de Barú, en la occidental provincia de Chiriquí, rechazaron el arbitrario despojo territorial ejercido con el predominio de los intereses foráneos coludidos con jefes policiales para conspirar contra el derecho a la tierra de los pequeños productores panameños.

El movimiento agrario tiene una larga historia en la reivindicación del derecho posesorio, que resurge mientras que en el mundo aumenta el clamor a favor de la seguridad alimentaria a través de cultivos sostenibles. No en vano las comunidades campesinas en las riberas del lago Gatún, en áreas del Canal de Panamá, se niegan a ser desalojadas por quienes aducen ser “amigos del progreso”.

Los sucesivos conflictos territoriales en Panamá tienen su origen, principalmente, en el despojo secular de tierras y aguas, en un esquema de usurpación para el montaje de grandes negocios diseñados por la elite económica en el poder, que ejerce su control sobre el Estado y ha terminado por convertir a Panamá en el sexto país del mundo con la peor distribución de la riqueza y desequilibrios.

Sucesivos gobiernos oligárquicos adoptaron esa forma leonina de concretar negocios, entregando la soberanía del país al mejor postor, sin tomar en cuenta los intereses de los productores nacionales. Ello activó el detonador de una bomba de tiempo en áreas como el distrito del Barú, donde una empresa multinacional dicta la agenda económica a un gobierno cómplice de sórdidos actos dolosos.

Esa misma política de despojo territorial es cada vez más evidente en la ocupación de ríos caudalosos en algunas de las 52 cuencas hidrográficas de este país, lo que impide una estrategia de riego y captación de agua para de la producción agropecuaria. Está claro, que el modelo agroimportador, unido a los negocios financieros, provoca la ruina, el abandono y la destrucción de propiedades en el campo.

El gobierno que asumirá las riendas del Estado el 1 de julio no debería cerrar los ojos a esa realidad de exclusión prevaleciente, si es que realmente está comprometido en recuperar el camino hacia la paz, que pasa por la producción de alimentos sanos, adecuados mecanismos de distribución y la eliminación de una pérfida red de intermediarios que ha sembrado la inequidad en el comercio.

Es necesario advertir que la injusticia social, enconada en el robo y la explotación agraria, desembocará en ríos de sangre, a falta de solución a problemas de los campesinos pobres y marginados. El desaparecido general Omar Torrijos abonó con la esperanza los surcos y recuperó la soberanía en el Canal, llevando Justicia al campo. Aquel ejemplo digno aún es válido para construir la paz en este país.

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