Por Mario Enrique De León
Estudiante de Sociología, Universidad de Panamá
La corrupción no es un fenómeno social exclusivo de la modernidad capitalista. Tiene una presencia preponderante en la acumulación originaria (proceso por el cual se obtuvo los medios y recursos para el desarrollo capitalista), así como fueron los “hechos históricos como el despojo de la tierra a los pequeños parceleros, la expoliación del continente de América y la caza de humanos en África para su sucesiva venta como esclavos”.
Además, ha sido demostrado como desde “el apogeo de la producción capitalista en la base misma de la producción está instalada la corrupción, que se materializa en la explotación y el robo en contra del sujeto que se ve obligado a vender la única mercancía que dispone: su fuerza de trabajo, y en las múltiples formas de adulteración de los productos industriales (mercancías) a las que recurren los capitalistas desde el mismo inicio del industrialismo para rebajar la inversión en los costos y poder competir con ventajas extras en el mercado”.
La corrupción
La corrupción manifiesta la presencia de poder o influencia, discrecionalidad, violaciones a las normas e intercambio de dinero o beneficios. Son actos que ocurren a nivel horizontal y tienen una causalidad de corto y largo plazo. Generalmente, son pactos entre pares iguales mediados por el dinero. Pese a ello, el mayor impacto de esos actos es que degrada o distorsiona lo asaltado, logrando que el mismo pierda o disminuya sus atributos. Esto sugiere que un órgano contaminado por la corrupción deja de ser funcional, para ser un sistema-cuerpo, ya que el mismo no podría cumplir a cabalidad o parcialmente su rol, al menos que el cuerpo, en este caso el Estado, esté diseñado para permitir la corrupción. Al respecto, la corrupción más que una sustancia corrosiva, se transforma en una institución necesaria para el funcionamiento de un Estado corrupto. No obstante, conviene descartar a la corrupción como una institución funcional.
Hay que aclarar que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un sector, como normalmente la opinión pública de Panamá la relaciona con el Estado y los partidos políticos tradicionales, con bastante razón, pero sin las interconexiones que conlleven a entender las raíces del problema. La corrupción es un cáncer que recorre las instancias de la vida social, y suele encontrarse en las instituciones públicas, empresas privadas, gremios, asociaciones, sindicatos, iglesias y, entre todos ellos, los partidos políticos. No obstante, aquella corrupción que afecta el bien del conjunto de la sociedad ‒y es la que exclusivamente nos interesa analizar en este trabajo‒ tiene su germen bien definido.
Antes de detallar qué es corrupción, es importante explicar qué es el Estado, que no es más que el resultado de las correlaciones de fuerzas. Los Estados modernos, como Panamá, tienen como finalidad el bien común de sus ciudadanos y ciudadanas, de manera, que deben garantizar las condiciones necesarias para que cada uno de éstos puedan desarrollarse libremente.
Sin embargo, el Estado se encuentra sumergido y supeditado a un sistema social, político y económico que tiene como finalidad la acumulación de capital, permanentemente. Es imposible desconocer que el Estado panameño está inmerso en un sistema capitalista globalizado. El fin último del Estado y del sistema son contradictorios por naturaleza. Por un lado, el primero persigue el bien común y, el segundo, los intereses económicos privados (la continua acumulación y expansión de capital). Lo que sugiere que al estar constreñido por el sistema, entra en un proceso de degeneración que no permite que cumpla su función.
Sectores económicos privados son quienes están organizados y mayor poder tienen, de manera, que logran imponer su voluntad sobre los demás grupos sociales que la componen. Además, y no por casualidad, son esos mismos grupos los que controlan las esferas políticas (partidos políticos, gremios, sindicatos, sociedad civil organizada), culturales (educación, iglesias, medios de entretenimiento y comunicación), y el propio aparato estatal (Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial).
El germen de la corrupción es la ganancia privada y la necesidad imperativa de acumular riquezas. En esa dirección, “la corrupción que implica a los gobiernos no es realizada por entidades públicas o privadas separadamente, sino que la misma implica la acción conjunta de agentes públicos y privados. En esas acciones, no sólo es cierto que el origen de los actos de corrupción puede deberse a la iniciativa de agentes públicos, sino que también puede generarse en los agentes privados, quienes, por ejemplo, hacen de las coimas su cultura básica de acción”, tal como ocurre en la mayoría de las licitaciones públicas.
En ocasiones, quienes se las adjudican pueden ser juez y parte, ya que suelen ser gobierno y socio o propietario de la empresa privada. Es decir, los mismos protagonistas. Las élites económicas dominantes en Panamá precisan del control del Estado para acrecentar sus riquezas. Es un hecho que explica las disputas entre sectores de su propia clase a lo largo de la historia nacional.
En el repertorio, también se encuentra la corrupción por ausencia del Estado, que pocas veces es ventilada en los debates que tratan el problema, incluso suele pasar inadvertida para la opinión pública. Este tipo de corrupción se da no precisamente por ineficiencia o alguna distracción de los administradores de la cosa pública, sino para permitir que los grupos económicos dominantes especulen en nombre del libre mercado. Ello ocurre con los alimentos, las medicinas (salud en general), los servicios de energía y telecomunicaciones, incluso, hasta con la educación.
“Un ejemplo de este tipo de corrupción en Panamá es la utilización del poder del mercado de los oligopolios que se dedican a la intermediación de bienes básicos, los cuales generan precios artificialmente bajos para los productores (poder de monopsonio) y artificialmente elevados para los consumidores (poder de oligopolio)”. En esa línea, se debe señalar, a modo de ejemplo, que ese tipo de corrupción degrada la producción nacional de alimentos, atentando con la seguridad y soberanía alimentaria del país, que en última instancia se resume en un ataque directo a la familia y a la vida de cada uno de los panameños. Es decir, al bien común.
La corrupción, la ética, la moral y la educación
La ética como rama de la filosofía estudia lo moral, lo inmoral y lo amoral. Pero ¿Quién define que acción es moral, inmoral o amoral? Esta pregunta suele ser eludida en la discusión pública. Se toma por sentado a los valores de la sociedad panameña como universales, eternos y propios de un orden natural. Sin embargo, los valores no tienen ninguna de las características mencionadas. Ellos son propios de construcciones sociales.
Actualmente, la sociedad panameña se encuentra sumergida en un sistema que no privilegia el bien común, sino las ganancias de las empresas privadas, que en efecto lo está. Entonces, la corrupción, que deteriora el bienestar de la sociedad, tiene un lugar ‒como valor‒ muy bien reservado y apreciado en ella, al menos que la correlación de fuerza cambie.
En ese sentido, los valores también se modificarían y el modelo actual entraría en crisis. Ello lleva a pensar que a mayor ausencia en el poder de los sectores populares (trabajadores, campesinos, profesionales, sectores medios, estudiantes), mayor corrupción habrá. En otras palabras, a menor democracia, mayor corrupción. ¿Pero por qué esos sectores? Porque son la absoluta mayoría, el 90% de la población, que además produce toda la riqueza económica del país.
“De lo anterior surge la idea de que los actos extendidos de corrupción no pueden entenderse como el simple resultado de la conducta individual” o de la ausencia de moral o de educación en los sujetos, “sino que es indispensable establecer como la estructura institucional vigente en la sociedad lo permite, tolera y promueve”. Culpar a los individuos de acciones corruptas es un cálculo superficial, ya que el problema de fondo no es ético sino estructural, y se encuentra en la lógica de un modelo económico que irrumpe en todas las esferas de la vida social y política.
Ello viene de la mano con la ausencia de normas para prevenir y sancionar la corrupción, como ocurre con la debilidad de la legislación vigente en materia de contrataciones públicas y, a su vez, el por qué de la existencia de normas que permiten que las correlaciones de fuerzas no se modifiquen. Ello ocurre en el caso del anti-democrático Código Electoral, que favorece al poder económico dominante sobre cualquier aspiración alternativa ajena a esos sectores, las normas que regulan las frecuencias para la creación de medios de comunicación alternativos y las que criminalizan las protestas sociales, principalmente.
Cabe preguntarse si es posible prevenir o disminuir la corrupción en un Estado sumergido en un sistema globalizado que prioriza los intereses privados. Es un reto que los pueblos del mundo deberán asumir para su supervivencia ante los embates del cambio climático y el continuo avance de la desigualdad mundial. Para ello, tendrán que modificar las correlaciones de fuerzas e imponer su voluntad, de manera que alcancen sociedades democráticas, socializantes y amigables con el ambiente.
