Para nadie es un secreto, que Panamá está bajo la férula de un sistema presidencialista autocrático, en el que la voluntad popular suele tener escaso valor entre las elites gobernantes. Grupos económicos poderosos vinculados al mercado financiero han impuesto reglas arbitrarias a la mayoría de la población, que se resiente y alza su voz ante una administración impositiva.
Los actos de protesta registrados este mes en la caribeña ciudad de Colón y la forma en que el gobierno desplegó contingentes armados en los barrios para mostrar su potencial coercitivo, revelan la concepción autoritaria y mezquina de quienes recurren a la fuerza para imponer un modelo de exclusión y usurpación de tierras, bajo el pretexto de un Plan de Renovación Urbana.
Esas contradicciones han adquirido un nivel explosivo y colocan en contexto los reclamos del movimiento social para encontrar caminos a favor de un efectivo ejercicio democrático, al margen de la incredulidad que generan partidos políticos tradicionales subordinados a intereses antinacionales o sometidos a la voluntad de figuras que apuestan por la usurpación urbana y rural.
Sin embargo, la autocracia se ha convertido en una forma de gobierno que desafía a los sectores organizados y desemboca en duras respuestas de una población agraviada en el ejercicio de los derechos humanos, y que responde con valor y energía ante la ausencia de mecanismos de diálogo y consenso para construir vías de avenimiento. Esa es la cruda realidad imperante.
El diseño de un esquema de represión y dominio sobre la sociedad agobiada por problemas cotidianos, puede sumir al país en una confrontación o en una vorágine sin retorno. La injusticia, el latrocinio, la impunidad y el colapso administrativo alientan la incredulidad en la oferta de soluciones oficiales e incitan a los movimientos que eligen vías alternativas de participación.
Es imposible validar como bueno el autoritarismo y las tácticas oficialistas que desacreditan a los actos de resistencia de la población. La fuerza y el armamentismo sólo tiene validez cuando los estamentos de Seguridad defienden al país de una amenaza externa, pero pierden sentido en aquellos casos en que los sectores populares salen a las calles para proteger los bienes del Estado.
El autoritarismo ha fracasado y la resistencia popular se empeña en mostrar el lado oscuro de esa política. Hoy, se puede afirmar que sigue vigente el objetivo de las organizaciones sociales de construir una democracia sin los grilletes de los poderes fácticos, en procura de la buena gobernanza y de un eficiente modelo de desarrollo humano desvinculado de la corrupción y el crimen.
