Justicia tardía sacude al sector minero en Panamá. Editorial del martes 25 de septiembre.

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Tras casi 10 años de conflicto ambiental y laboral, la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado inconstitucional un contrato entre el Estado panameño y la empresa Petaquilla, S.A, que amparaba la extracción a cielo abierto de cobre y oro en una región del exuberante Caribe panameño, sobre la cual no fue hecho el debido escrutinio fundamentado en la Constitución.

El fallo, inapelable como todos los demás emitidos por la máxima instancia judicial del país, no dice nada sobre el futuro minero en una región que es foco de demandas laborales y litigios por daños al ecosistema causado por la extracción mineral, lo que provocó que en 2009 el activo Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) demandase al contrato entre el Estado y esa compañía.

Diversas organizaciones ambientalistas aducen que la concesión leonina e ilegítima realizada a empresas multinacionales terminó por convertir a la minería a cielo abierto en equivalente de una agresión directa a áreas de gran valor natural. En ese sentido, la respuesta de la Corte Suprema llega en forma tardía y genera dudas sobre el futuro de otros planes de extracción mineral.

A ello se debe un mensaje de la empresa de Minera Panamá, S.A., que pregona la defensa de sus intereses económico en el proyecto de extracción de cobre en Donoso, en la caribeña provincia de Colón. La compañía aduce que su concesión está “vigente”, pese al fallo emitido que declaró inconstitucional el contrato ley suscrito en 1997 entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A.

Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, lo actuado por la empresa minera que fue blanco de la demanda, así como sus vínculos con otras compañías extractoras debería quedar sin efecto, ya que esas operaciones se hicieron a contravía de la Constitución, en perjuicio del patrimonio ambiental del país. En ese período, surgieron escándalos y denuncias de abusos.

El tema planteado representa un desafío para la administración del presidente Juan Carlos Varela, quien en su discurso de toma de posesión en 2014 anunció como uno de sus pilares del proyecto gubernamental el desarrollo minero. Grandes intereses foráneos apuestan a sacar beneficios de esa iniciativa, aún después del fallo de la Corte Suprema, cuyos alcances requieren explicación.

En 1996, el Estado panameño había conferido 13.000 hectáreas por 20 años a Minera Petaquilla, S.A., para explotar yacimientos minerales de cobre y oro en las provincias de Coclé y Colón. Al ser declarado inconstitucional, no puede ser que otra compañía asuma, en condiciones similares, ese negocio e imponga allí su propio enclave y genere nuevas relaciones traumáticas.

El fallo de la Corte Suprema debe servir para definir una política minera seria que asegure el respeto al patrimonio nacional y no exponga al país a la usurpación extranjera. Los antecedentes de saqueo y depredación ejercidos por consorcios mineros en todo el mundo han desembocado en daños ambientales profundos, pero también en la resistencia de comunidades que exigen justicia.

1 COMENTARIO

  1. Ahora que finalmente hay una decision judicial, nos toca a todos los afectados y la ciudadanía en general entablar una demanda civil y penal contra los responsables de violar las leyes panameñas. Quienes se atreverían a participar en esa demanda representando y defendiendo el interés de nuestra patria? Yo me apunto y tu?

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