Ingresos del Canal de Panamá ampliado y promesas incumplidas
Por Carlos E. Chang Ch.
Master en Economía y Finanzas Internacionales.
Las buenas intenciones de ataque a la pobreza extrema −uno de los objetivos del uso de los ingresos netos producidos por la ampliación del Canal de Panamá− eliminarían las grandes brechas entre pobres y ricos. Ojalá que ello no que permanezca como una simple promesa del presidente panameño, ya que quedaría en el olvido de próximos gobiernos, como sucedió con las promesas hechas a la familia de Cándido Aizprúa, el “niño millón” de este país.
Las promesas incumplidas a los pobres, recuerdan las ofertas hechas el “niño millón”, cuyo nacimiento, registrado el día 4 de diciembre de 1958, destacó el hecho de que la población panameña llegase al millón de personas. Ese acontecimiento fue considerado transcendental. El gobierno de turno ofreció a los padres de la criatura unas 45 hectáreas, y que la educación del niño hasta la etapa universitaria estaría garantizada por el Estado.
La promesa de otórgale un globo de terreno de 45 hectáreas, tenía el propósito de que su padre construyera su vivienda y pudiera desarrollar labores agrícolas, para el sustento diario.
Sin embargo, más de 40 años después, se promulgó en la Gaceta Oficial, la resolución en la que el Consejo Municipal se comprometía a cumplir la promesa hecha a los progenitores de Aizprúa, al momento de su nacimiento.
El ataque a la pobreza extrema y la eliminación de brechas y la desigualdad económica, debe ser parte de un conjunto de políticas de Estado, como planes y programas racionales de mediano y largo plazo, en lo económico y social, centrado en el desarrollo humano. Este es un tema que no se puede abordar en forma irracional, con regalos y subsidios, a diestra y siniestra.
Los ingresos económicos en forma extraordinaria, tanto para los gobiernos o personas, pueden tener efectos negativos sobre las acciones en el presente e impactos en el futuro, en la medida que no se disponga de planes y programas racionales de inversión, que garanticen flujos de ingresos de manera sustentable.
Uno de los casos notorios de despilfarro de ingresos extraordinarios, está representado por el llamado “llantero millonario de Panamá”, quien en la década de 1960 ganó el primer premio de una Lotería Extraordinaria. Se decía, entonces, que el beneficio era de un millón de dólares. No obstante, al cabo de unos años, el llantero había gastado todo, sin pensar en su propio futuro y el de su familia.
En el ámbito internacional, el despilfarro de recursos recibido de manera extraordinaria, se describe como el Síndrome Holandés, para identificar el fenómeno que surge de la década de 1960, cuando los ingresos en divisas de los Países Bajos aumentaron considerablemente a consecuencia del descubrimiento de enormes yacimientos de gas natural en Slochteren, cerca del Mar del Norte.
Como resultado del incremento de ingresos de divisas, el florín, la moneda neerlandesa, se apreció, perjudicando la competitividad de las exportaciones no petroleras del país. Debido a ello, aumentó el costo de la vida de los holandeses y en muchos casos quedaron pero que antes del descubrimiento del gas natural.
De ahí, el uso del término Síndrome Holandés, que si bien no se relaciona todo el tiempo con el descubrimiento de algún recurso natural, puede ser el resultado de cualquier hecho que genere grandes entradas de divisas, con un notable repunte de precios de un recurso natural, junto con la asistencia externa y la inversión extranjera directa y el aumento de la deuda externa de los gobiernos.
Un caso similar al Síndrome Holandés lo ha tenido Panamá en el pasado, por lo menos en dos ocasiones en las que hubo aumento del costo de la vida relacionado con ingresos extraordinarios a la economía nacional y al gobierno nacional. El primer caso ocurrió al terminar la construcción del Canal de Panamá, en la década de 1910. La segunda vez se relaciona con la mejoras de la vía acuática, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940.
En ambas ocasiones, se generó el alza del costo de la vida en la ciudad capital, como resultado del aumento del precio de los bienes y servicios señalados. La mayor alza estuvo en los alimentos y el alquiler de los inmuebles. El movimiento inquilinario de 1925, surgió por la crisis fiscal del gobierno, quien decretó el alza de los alquileres que pagaban los habitantes en barrios como Santa Ana y Calidonia, con el objetivo de aumentar las recaudaciones del fisco.
El índice de precios de bienes de primera necesidad se elevó en in 122% según los periódicos y el informe del secretario de instrucción o de educación pública de 1920, Jeptha Duncan, lo que provocó el correspondiente aumento de la pobreza y el crecimiento de las desigualdades económicas entre ricos y pobres, y las reacciones de la población que apoyó al movimiento inquilinario de 1925.
La respuesta sobre las consecuencias perniciosas de un aumento de riquezas de manera extraordinaria, está contemplado en un estudio clásico de 1982, realizado por Warner Max Corden y J. Peter Neary. Estos autores dividen una economía que experimenta un período de crecimiento en tres sectores: dos exportadores -uno en auge y otro no- que conforman los sectores de bienes comerciados internacionalmente Y un tercer sector de bienes no comercializados internacionalmente, orientados básicamente al suministro a residentes o a los consumidores nacionales, que puede abarcar el comercio minorista, los servicios de alquiler de casa de habitaciones y la construcción de nuevas edificaciones.
Como parte del uso eficiente de los escasos recursos del gobierno se postula la elaboración de políticas de Estado, planes y programas de reformas de la administración pública, lo cual tendría como objetivo evitar el aumento indiscriminados de salarios de empleados públicos del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, aplicando como criterios la pertenencia a los partidos políticos en el poder.
La modernización de la Administración Pública, es una tarea de vieja data, la cual esta inconclusa, ya que la misma se ha postulado en momentos de crisis fiscales y como una forma de enfrentar las crisis desatadas en las décadas de 1960, 1990 y 2000.
En 1974, en el marco de la recuperación de la jurisdicción panameña del Canal De Panamá, y la expectativa del aumento de recursos por la operación de la vía interoceánica, se postuló la regionalización de las políticas sectoriales de Estado, relativas al desarrollo económico y social. Esto implicaba la elaboración de planes y programas, cuyo financiamiento sería fundamentado en las transferencias recibidas del Gobierno Central, procedentes del excedente económico en la región de tránsito, siendo un componente de ese excedente, los ingresos netos del Canal de Panamá.
Las transferencias serian realizadas hacia las demás regiones con el Canal como fuente del financiamiento del desarrollo de las regiones de Planificación de Panamá, en función de las priorización de los objetivos sectoriales en Salud, Educación, infraestructura de la red vial, que estarían plasmados en los planes y programas sectoriales de cada región del país.
Una labor inconclusa que planteada desde la década de 1920, es la de erradicación del clientelismo, que es una práctica arraigada en partidos políticos que aspiran llegar al poder. La eliminación del clientelismo es fundamental para evitar que los ingresos netos provenientes de la ampliación canalera sean usados para el pago de altos salarios o el alza indiscriminada de las planillas de empleados y la creación de nuevas entidades sin justificación alguna.
