Firmeza contra los enclaves en Panamá

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Tras la recuperación de la vía interoceánica y el desmantelamiento de la denominada Zona del Canal, que se extendía a 8,1 kilómetros a cada lado del paso canalero, la mayoría de los panameños celebró la desaparición del enclave (territorio o grupo humano inserto dentro de otro con características diferentes, especialmente de tipo político, administrativo, religioso, étnico o geográfico).

Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que aparecieran los defensores de grupos arrimados al capital financiero, en el intento de repetir el modelo de segregación territorial. Ricos yacimientos minerales y áreas marítimas aptas para el desarrollo de puertos de aguas profundas estimularon la creación de enclaves con la aprobación parlamentaria y el visto bueno gubernamental.

Los recientes estallidos de violencia en zonas mineras en el distrito de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, muestran con claridad meridiana a existencia de un enclave, cuya seguridad está bajo el control de elementos sudafricanos y gamonales de la peor calaña surgidos del régimen del Apartheid que explotaba el subsuelo de África, a costa del sufrimiento de la mayoría negra.

El modelo extractivista impuesto en las zonas mineras de Panamá ha prosperado porque los intereses foráneos torcieron el brazo al Estado panameño, que cedió parte del territorio a las multinacionales, en perjuicio de las aspiraciones populares. Una extensa área de 12.955 hectáreas, concedida en Donoso, asegura a los dueños de las minas la maximización de jugosas ganancias durante 20 años.

La minería a cielo abierto desencadena situaciones traumáticas y ha dejado en Latinoamérica un legado de abusos laborales, destrucción de selvas tropicales, contaminación ambiental, usurpación, despojo, represión, alcoholismo, prostitución y daños a la salud humana. Los beneficios suelen ser aprovechados por grupos vinculados a los magnates financieros y especuladores bursátiles.

En la agenda patriótica de los panameños no tiene cabida un modelo extractivista que divide y fracciona al país. Por el contrario, la lucha por la integridad territorial obliga a las organizaciones sociales a plantearse la revisión de las concesiones mineras y marítimas, para trazar una ruta de desarrollo sin enclaves ni aborrecibles proyectos intervencionistas que lesionan la soberanía nacional.

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