Bayano digital incluye en esta sección una nota informativa relacionada con los desafíos del Canal de Panamá, con el interés de que los hechos denunciados sean debidamente esclarecidos y de que la sociedad panameña debata sobre el mejor uso del patrimonio canalero de los panameños y de la vía interoceánica que sirve al comercio marítimo mundial.
Por Carlos Anel Cordero
El fallido intento por licitar la concesión para operar un nuevo puerto en la entrada del Canal de Panamá en el Pacífico deja ahora en entredicho la manera en que se maneja información privilegiada dentro de la institución que opera la vía acuática, así como la posibilidad de que funcionarios estén filtrando material clasificado para favorecer la participación de algunos empresarios en los actos públicos.
La situación es tal que en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional algunos directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y diputados plantearon la posibilidad de que el tema pase al Ministerio Público y se abra un proceso criminal.
En la última sesión de la Comisión de la Asamblea Nacional, se reveló que Antonio Domínguez Álvarez, fiscalizador de la ACP, le había confirmado que Rodolfo Sabonge, quien hasta hace un par de años era vicepresidente de Planificación de la ACP, le había filtrado información a un ejecutivo de nombre Carlos Urriola, quien labora con APM, empresa interesada en el puerto Corozal.
Urriola habría recibido, por correo electrónico, información clasificada sobre los estudios de factibilidad que hizo la ACP con técnicos de la institución para considerar si el proyecto era rentable. Así consta en el acta del 16 de septiembre del Comité de Planificación Estratégica de la directiva de la ACP.
Lourdes Castillo, directiva de la ACP, calificó como “muy grave” la fuga de información. La cual, supuestamente, se registró en 2013, en una etapa incipiente del proceso de licitación que se declaró desierta el pasado 4 de marzo.
Castillo dijo que Antonio Domínguez, funcionario de la ACP, debió informar el hecho a las autoridades del Ministerio Público, una vez tuvo conocimiento.
Domínguez, según consta en el acta, aunque hizo la investigación administrativa, no avanzó porque no tuvo acceso a las cuentas bancarias de Sabonge.
Asamblea Nacional de pronuncia
Elías Castillo, diputado por el PRD, quien además es miembro de la junta directiva de la ACP, en representación de la Asamblea, dijo a La Estrella de Panamá que coincide en que esta filtración de información debió ser puesta en conocimiento a las autoridades, pero lamentablemente, dice, ahora Sabonge no es parte de la ACP. El diputado perredista alega que habría que evaluar qué procede en este caso.
Castillo, quien fue designado en septiembre de 2015 en la directiva de la ACP, aseguró que hasta el momento el tema no ha sido considerado, al menos que él haya tenido conocimiento.
A estos señalamientos se suman los diputados Crispiano Adames y Zulay Rodríguez, ambos miembros del PRD, quienes consideran que por la gravedad del tema, lo que corresponde es que se lleve ante el Ministerio Público, a fin de determinar si hubo o no un acto criminal al facilitar la información a uno de los participantes en la licitación para la concesión del puerto de Corozal en la entrada del Canal de Panamá, en el área del Pacífico.
Posición de la ACP
Cuestionado por los diputados, Roberto Roy, ministro de Asuntos del Canal y presidente de la directiva de la ACP, aseguró que este caso será considerado, aunque el proceso de licitación ya fue declarado desierto.
La posición de los diputados que cuestionan ‘la gravedad’ del hecho la comparte Manuel Benítez, subadministrador de la vía acuática, quien estuvo en la sesión de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea que consideró el tema.
A juicio de Benítez, ‘es grave’ que se registre la fuga de información en los estudios de factibilidad porque con esto ‘se daría ventaja’ a alguna de las empresas competidoras con respecto a las demás.
Aunque el acto de licitación pública fue declarado desierto el pasado 4 de marzo por la ACP, hasta el momento la junta directiva no ha tomado ninguna decisión al respecto.
Se espera que en una próxima reunión de la directiva de la vía interoceánica se defina el futuro del proyecto del puerto de Corozal. Tras declarar desierto el acto público por inasistencia de las empresas precalificadas, habría que definir si se sigue con la licitación o no.
Durante la sesión de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, no se reveló el nombre de la persona que habría recibido la información privilegiada. Solamente se informó que se trata de una persona de apellido Urriola y que es un alto ejecutivo que representa a una de las empresas precalificadas para participar en la licitación pública que opera en la entra del Atlántico del Canal de Panamá y que estaba interesada en operar el nuevo puerto en Corozal.
