(Redacción de Bayano digital)
Mientras las élites en el poder celebran la decisión del Tribunal Electoral de aprobar las demandas de impugnación contra las candidaturas a la Alcaldía metropolitana y a diputado de la república del ex presidente Ricardo Martinelli, los ciudadanos deberían analizar con serenidad ese fallo, debido a vicios en el proceso que crean un precedente en el ámbito de la Justicia.
En primer lugar, la decisión ‒atada al proceso judicial que se realiza en contra, por “pinchazos” (eschuchas telefónicas)‒, fue demorada hasta la semana previa a los comicios generales del 5 de mayo. El polémico fallo desconoció los argumentos del fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, quien se había ratificado en su afirmación de que Martinelli podía competir libremente en el torneo electoral de 2019.
Además, el Tribunal Electoral informó sobre el rechazo de la recusación presentada por la abogada Alma Cortés, en contra de los magistrados Alfredo Juncá y Eduardo Valdés Escoffery. Ambos magistrados deberían haberse declarados impedidos para conocer legal y moralmente el proceso, según demandantes que aducen arbitrariedades en perjuicio de su cliente, el ex mandatario, actual reo del sistema.
Los magistrados plantearon que las candidaturas de Martinelli a alcalde de Panamá y diputado por el circuito 8-8 son inadmisibles. Previamente, habían cuestionado su aparición en el padrón electoral, pero ese argumento sólo fue utilizado en su contra tras la formalización de su candidatura, y no antes.
La inusual situación plantea dudas sobre la parcialidad en el proceso, independientemente de que Martinelli esté acusado de otros delitos, como actos de corrupción y la muerte de indígenas y trabajadores, por los que debería ser juzgado. En el proceso predominó la dilación por parte de las instancias oficialistas.
El fallo de los magistrados del Tribunal Electoral es considerado inapelable, pero ello no impediría que prospere una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. El problema es que el caso crea un precedente que no ayuda al fortalecimiento de la democracia y sugiere que el mismo mecanismo, u otro similar, pueda ser aplicado en el futuro a diversos aspirantes presidenciales.
Para diversos analistas, es sospechoso que mientras magistrados del Tribunal Electoral emitían su veredicto discriminatorio sobre Martinelli, la Contraloría General de la República divulgaba en su web los contratos de planilla y las donaciones que recibieron los 71 diputados de la Asamblea Nacional, desde 2014 a la fecha, culminado el proceso de auditoría en esa instancia parlamentaria.
Esos procedimientos, realizados a pocos días de la celebración de los comicios generales del 5 de mayo, sugieren la posibilidad de inclinar hacia un único lado la presión sobre la balanza política. Para nadie es un secreto que en el camino a las elecciones se enfrentan grupos económicos que representan al capital financiero y la oligarquía agroimportadora, y que de ello se derivan una serie de tensiones políticas y conflictos sociales en este país.
Está claro, además, que el brazo del Órgano Ejecutivo es más largo de lo que parece, y que hay antecedentes y denuncias de intromisión en los asuntos internos de otros órganos del Estado, en un clima de progresivo deterioro de la institucionalidad, lo que induce a la reflexión de la clase política sobre el modelo de país que quieren los panameños y la forma de evitar la degradación del sistema judicial imperante.
