Por David Carrasco
Productores agropecuarios y técnicos convocados este mes en un foro por la soberanía y seguridad alimentaria, organizado por la Universidad de Panamá para debatir los desafíos del sector, exigieron al gobierno del presidente Juan Carlos Varela la definición de una agenda para una estrategia alimentaria nacional, con la participación de grupos productivos y consumidores.
El ingeniero Mario Domínguez, dirigente de los pequeños productores de arroz en el distrito de Tonosí, propuso que esa agenda sea concertadas entre los agricultores, los profesionales de las ciencias agropecuarias y la Universidad de Panamá, para que en 2018 emane una agenda de reactivación de la producción nacional, que sea parte de la estrategia de un nuevo gobierno.
Domínguez denunció que muchas familias en el campo se enfrentan a la competencia desleal de la importación, y son víctimas de la avaricia de molineros privados quienes se aprovechan de las condiciones de mercado para negociar oralmente la compra del grano nacional, sin extender ningún tipo de factura por el producto adquirido, como ocurría en tiempos de los señores feudales.
“Las prácticas oligopólicas en la cadena de suministro nos están afectando, y de eso muy poco se habla”, puntualizó el dirigente agrario. En su intervención en un foro. Asimismo, planteó que los productores dependen del crédito de las casas comerciales, que son parte de la cadena de suministros y de los molinos particulares.
Reyes del negocio de la carne imponen sus reglas
Domínguez denunció que en Panamá hay un grupo económico que posee dos grandes mataderos y controla el 40 por ciento de la compra de animales en pie y más del 50 por ciento de la distribución de carne en este país, lo que demuestra la necesidad de apelar a un liderazgo institucional en procura de políticas agropecuarias, ya que no basta la asistencia técnica para generar equilibrios.
Añadió que aún hay unos 5.000 productores de leche Gado “C”, en la región central de Azuero, que abarca a las provincias de Herrera y Los Santos, donde hay productores que aún desarrollan prácticas pre capitalistas, sin ninguna participación en el precio de sus productos. Recalcó su transformación técnica en el área rural ha sido frenada por desacertadas políticas agropecuarias que desprotegen al campo y a su gente, para favorecer la importación de alimentos.
Durante el foro, el ingeniero Carlos Salcedo, productor avícola, defendió la existencia de los asentamientos campesinos, algunos de los cuales generaron niveles de organización eficiente y abogó por el consumo nacional. En ese sentido, mencionó una decisión oficial que en república dominicana obliga a las empresas a comprar el 90 por ciento de la producción nacional, para poder importar.
El ingeniero Rodrigo Cambra, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, se refirió a la crisis estructural y a las distorsiones que generan inequidad y empobrecimiento en el sector agropecuario, lo que se refleja en la pérdida de dinamismo económico y en el aumento de precios de rubros agrícolas en perjuicio de la población consumidora.
Cambra insistió en la necesidad de orientar las políticas públicas a favor del uso de tecnologías eficientes y del acceso a mercados, con la participación de productores actualmente marginados del crédito y atrapados por los oligopolios que controlan el mercado panameño y las redes de comercialización de carnes y vegetales.
Las leyes anti oligopolios requieren de la “voluntad política” del gobierno y de la Asamblea Nacional, como ocurre en otros países. Añadió que la Universidad de Panamá está en capacidad de diseñar el marco conceptual para impulsar esa propuesta. Adujo que “lo que está en juego es el sector agropecuario y la posibilidad de comer”.
