En Panamá Odebrecht goza de buena salud

“En estos tiempos de rumores y odios repetidos, que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades”. Alan García

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Alan García, Les dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios.

En Panamá Odebrecht goza de buena salud

Por Cecilio E. Simon E.
Redacción Bayano digital

Seguramente, Alan García, al tomar la decisión extrema del suicidio, consideró la conversión de los medios de comunicación hegemónicos, en tribunales empoderados por el “Lawfare”, que en juicio sumario niegan la presunción de inocencia.  “En estos tiempos de rumores y odios repetidos, que las mayorías creen verdad, he visto cómo se utilizan los procedimientos para humillar, vejar y no para encontrar verdades”, escribió para su epitafio expresidente peruano.

Para Geraldina Colotti, el Lawfare hace uso indebido de instrumentos legales con fines políticos. Es una combinación de acciones aparentemente legítimas y legales, amplificadas por los medios de comunicación hegemónicos para desacreditar a figuras políticas que se oponen a los intereses dominantes.

El gran acervo cultural Alan García le permitía concluir que el escándalo Odebrecht, al que se le vinculaba sin pruebas según él aseguraba, empleaba los  instrumentos legales para la persecución política, en tanto que los intereses corporativos de la transnacional brasileña y del sistema bancario que contribuyó al lavado de activos, son eximidos de las pesquisas judiciales.

Al señalar: “Nuestros adversarios optaron por la estrategia de criminalizarme durante más de 30 años. Pero jamás encontraron nada y los derroté nuevamente, porque nunca encontrarán más que sus especulaciones y frustraciones”, García se veía en el espejo de los expresidentes peruanos y latinoamericanos perseguidos, llamados a juicio, condenados sin pruebas y encarcelados como Luiz Inácio Lula da Silva.

Lawfare, el uso de la ley como arma de guerra

Para Alan García era claro que la persecución judicial por el escándalo Odebrecht, solamente estaba dirigida a los políticos, en tanto que los intereses corporativos de la constructora, que diseñó el sistema de sobornos y de sus aliados en la banca que contribuyeron al lavado de dinero, estaban asegurados.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, que fue condenado 19 años y cuatro meses de prisión por los delitos de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal, se benefició por un acuerdo de “delación premiada” al confesar haber sobornado a buena parte de la élite política de América Latina.

Como “premio” abandonó la celda de 16 metros cuadrados en la cárcel de Curitiba, tras cumplir solo dos años y medio de prisión, para continuar en arresto domiciliario en su lujosa mansión de 3.000 metros cuadrados en São Paulo, donde viven también su esposa y sus tres hijas.

La “delación premiada” de Marcelo individualizó el delito y eximió a la transnacional de su  responsabilidad criminal, al organizar el Departamento de Operaciones Estructuradas para el soborno de los políticos, el blanqueo de capitales en el sistema bancario y el “asalto al estado” (forma superior de corrupción) para beneficiarse de las contrataciones públicas.

Un estudio de Transparencia Internacional, publicado por Odebrecht el 31 de enero de 2018, concluye que la constructora tiene la nota máxima por la divulgación de sus programas anticorrupción. En la evaluación realizada a las 110 mayores empresas de Brasil, Odebrecht fue una de las 9 que obtuvo la máxima puntuación. La evaluación de Transparencia Internacional exime de responsabilidad penal y moral a la empresa protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia del continente.

Odebrecht tiene nota máxima en la divulgación de programas anticorrupción en estudios de Transparencia Internacional.

De acuerdo a las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht creó, a finales de los años 2010, la «Caja B» con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» responsable de la distribución de las coimas y  en Panamá la constructora pagó, entre el 2010 y el 2014, sobornos  por 59 millones de dólares. A partir de éstas revelaciones, Panamá sigue la misma hoja de ruta de otros países latinoamericanos para el abordaje del escándalo:

  • Los medios de comunicación hegemónicos criminalizan a los políticos y ejercen las funciones de los tribunales para juzgar a exfuncionarios que presumen recibieron coimas fuera del periodo investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Lawfare).
  • Se individualiza la responsabilidad a los representantes de Odebrecht en el país y se establece acuerdos de “delación premiada” que eximen a la corporación que diseño del modelo de “asalto al Estado” y, los delitos de corrupción activa, blanqueo de dinero y asociación criminal y, le imponen una multa de 220 millones de dólares.
  • El Ministerio Público, con una cuestionable efectividad, solicita constantes prórrogas para finalizar sus investigaciones. La última extensión para seguir investigando el caso fue solicitada el 19 de marzo de 2019, porque “la línea de investigación de algunas personas están paralizadas”.
  • El presidente Juan Carlos Varela, que reconoció en noviembre pasado que recibió de Odebrecht, el principal contratista de su gobierno, 10 millones de dólares como “donación” a su campaña, le entregó a Odebrecht más del 80% de las contrataciones públicas. Sus colaboradores y familiares, supuestamente involucrados en el escándalo, no han sido indagados, entre ellos su sobrino y candidato presidencial del CD, Rómulo Roux, quien supuestamente recibió 4 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña presidencial de su copartidario José Domingo (Mimito) Arias.

Arias y su tesorero José Porta Álvarez fueron indagados por recibir financiamiento Odebrecht para la campaña, por lo que se les ordenó detención preventiva. Mimito  se benefició de una medida cautelar de país por carcel en tanto que Porta sigue detenido, en tanto que el Tribunal Electoral no levantó el fuero electoral a Roux y por tanto no ha sido indagado.

Con el suicidio del expresidente peruano Alan García suman cinco, las personas vinculadas a las investigaciones sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en América Latina que se quitaron la vida o murieron en circunstancias no del todo aclaradas, en tanto que en Panamá Odebrecht goza de buena salud.

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