En Isla Boná se juega futuro del golfo de Panamá

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Manifestantes exigen la protección de Isla Boná.

Por David Carrasco

Los intentos de un grupo empresarial de poner en primer plano un proyecto terminal petrolera en Isla Boná, en el golfo de Panamá, han creado una seria amenaza al diverso ecosistema marino del Pacífico, lo que aumenta la incertidumbre entre la población ribereña y los inversionistas en el sector turístico sobre el destino final de esa iniciativa económica.

Organizaciones ambientalistas reaccionaron con estupor al ver nuevamente en el portal estatal Panamá Compra el contrato de arrendamiento de Isla Boná, para la instalación portuaria en esa ínsula, que forma parte del corredor marítimo de Panamá, como se prevé en la Ley 13 del 5 de mayo de 2005.

En abierto desafío a entidades oficiales y a los reclamos de grupos ecologistas y el alcalde de Taboga, Ramón Ramos, reingresó al portal Panamá Compra el contrato de arrendamiento de isla Boná para el desarrollo de una terminal petrolera, pese a que el 26 de abril el Consejo Económico Nacional (CENA) estimó “improbable el cumplimiento” del contrato de arrendamiento.

El mencionado contrato había sido suscrito con sigilo entre el Municipio de Taboga y Bona Pacific Corp., pero en medio de protestas y reclamaciones legales de los ambientalistas el CENA advirtió que “la finalidad del arrendamiento sería incompatible con los fines para los cuales fue creado este corredor marítimo”.

De hecho, el 23 de abril, la comisión legislativa de Ambiente de la Asamblea Nacional de Diputados prohijó un anteproyecto de ley que declara a Boná área protegida en calidad de refugio de vida silvestre, pero el futuro de la ínsula parece estar en un limbo, luego de fuertes presiones económicas para reactivarlo.

El alcalde Ramos, quien fracasó en su intento de ser reelecto en el cargo en los comicios del 5 de mayo, volvió a encender el debate con la reintroducción de la propuesta, pero sin aspectos polémicos que fueron cuestionados previamente por el contralor general, Federico Humbert, quien se negó a refrendar el contrato.

Unas 34.5 hectáreas –de las 74,7 hectáreas que posee la isla– han sido solicitadas para almacenar y distribuir petróleo y derivados, con el objetivo de abastecer a buques de la generación “neo Panamax” que transitan a través del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, lo que se considera un “negocio redondo”.

Sin embargo, las organizaciones ecologistas MarViva, Tortuguías y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) han manifestado que ese proyecto petrolero y los ocho tanques de almacenamiento previstos por Bona Pacific Corp., afectaría a las comunidades ribereñas, así como a aves marinas, peces y cetáceos.

A ese clamor ambiental se han unido dirigentes de grupos de pescadores y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL).

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