El gobierno que asumirá las riendas del Estado el 1 de julio, tras un apretado triunfo en los comicios del 5 de mayo, entrará en un escenario plagado de debilidad económica, alto endeudamiento público, deterioro del sector agropecuario, empobrecimiento de las capas medias de la población y subordinación del gobierno que lo precede a los intereses hegemónicos de Washington.
La mayoría de la población espera que ese traspaso de mando se produzca sin traumas y desencanto colectivo que han prevalecido en la transición de mando de un gobierno a otro en otros períodos. La nueva administración hallará, sin duda, las evidencias de una ciudadanía golpeada por las políticas neoliberales que generan despojo, clientelismo y traición a los valores soberanos.
Sería un grave error de cálculo para el gobierno entrante dejar que los tecnócratas neoliberales impongan, en representación de los intereses de poderosos grupos económicos, la agenda del Estado. El momento crucial demanda una notable fortaleza y la voluntad de poner fin a desaciertos y mensajes confusos en política exterior que anulan el tradicional papel de mediación de Panamá.
Todo gobierno aspira a dejar su impronta, pero es imposible generar consensos a través del uso de una cartilla divorciada del clamor mayoritario de las bases que dan sustento a los planes de desarrollo. El diseño de una estrategia de buena gobernanza pasa por el afianzamiento del poder legítimo y la consulta popular. Esa ha sido la clave para estructurar un modelo rico en esperanza.
Es necesario que la nueva administración honre su compromiso transformador con los sectores desposeídos y maltratados del país, y contribuya a materializar los propósitos de equidad en los próximos cinco años. El tiempo de espera de esos sectores se agotó y la oportunidad electoral que dieron al gobierno es una tregua en la lucha social, en espera de resultados efectivos.
La población no está dispuesta a esperar más de lo mismo, ni aceptar que elementos vinculados a la corrupción o al saqueo secular dicten las normas de conducta. Por lo contrario, exige que el próximo gobierno esté dotado de sagacidad e inteligencia, y sepa valorar la importancia de recorrer un camino liberador, en procura del desarrollo, justicia y pleno ejercicio democrático.
Más allá de los aspectos ceremoniales del proceso de transición gubernamental, ventilado por los promotores de imágenes, hay un pueblo sufrido que abriga la esperanza de un mandato digno y la proliferación de ejemplos de solvencia moral en el manejo de los recursos del Estado. Se trata de un reto para el próximo gobierno y tendrá que decidir si está realmente dispuesto a asumirlo.
