Empresas de seguridad violan derechos y se burlan de las leyes de Panamá

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  • Armas obsoletas y pobre dotación de municiones son puestas en manos de celadores humildes y mal pagados, asignados a cuidar negocios y valores convertidos en blanco de asaltantes bien armados en áreas urbanas.

Por David Carrasco
Redacción de Bayano Digital

Las empresas de seguridad privada en Panamá están cometiendo abusos en contra de humildes trabajadores, a quien muchas veces obligan doblar turno, pagan salarios miserables y desconocen los derechos de trabajadores injustamente despedidos.

Así lo declaró a Bayano digital Magdaleno Carpintero, quien fue declarado cesante en la empre en el Grupo Especializado de Seguridad e Investigaciones (GRESINSA), un consorcio de empresas presumiblemente de capital guatemalteco dedicadas al servicio de la seguridad privada en este país.

Carpintero narró que nueve trabajadores de GRESINSA, dos de ellos con fuero sindical, fueron destituidos de sus respectivos cargos el 22 de febrero, un día después de firmar una nómina para unas elecciones en un sindicato que opera dentro de la empresa.

En ese grupo, dedicado a seguridad y vigilancia, escolta de mercancía de venta de calle y contenerizada, escolta de personajes importantes, adiestramiento y capacitación de seguridad, venta de equipos de seguridad e investigación, seguridad electrónica, laboran más de 1.000 empleados panameños.

Carpintero relató que en marzo los afectados por los despidos presentaron la documentación requerida a la Dirección General de Trabajo, quien ordenó el reintegro para corregir la arbitrariedad cometida. Sin embargo, aclaró que la “empresa ha hecho caso omiso a esa orden y presentó una impugnación extemporánea en los juzgados seccionales”, para evadir su responsabilidad.

Persiste la impunidad

Para sorpresa de los trabajadores y sus abogados quienes luchan por derechos esenciales, la empresa rehúye el cumplimiento del Código de Trabajo y ha evitado ser notificada. A su vez, el Juzgado Primero de Trabajo revocó la orden de reintegro, lo que en opinión de los despedidos es una “artimaña” y una forma de complicidad de las autoridades con empresarios abusadores.

Carpintero sostuvo que “en este país no hay libertad sindical”, al ser tolerados oficialmente abusos contra la clase trabajadora. Añadió que “en Panamá hay justicia para gente rica, pero no para el panameño de a pie”, que ve vulnerado los derechos básicos.

Sostuvo que en forma absurda no han prosperado los recursos legales interpuestos por trabajadores de la seguridad destituidos, entre ellos dos dirigentes sindicales, quienes exigen el cumplimiento del Código de Trabajo vigente y ante los atropellos se preparan para recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

Carpintero dijo que, tras ser burlados en sus aspiraciones, los trabajadores afectados tampoco han encontrado empleo en otras empresas, pese a su experiencia laboral, ya que “aparecen en una lista negra” por el hecho de retar en unas elecciones a un grupo sindical amarillista, complaciente con el sector patronal.

Armamento obsoleto

Carpintero instó a los Ministerios de Seguridad y de Gobierno a intervenir en un ambiente lleno de abusos, con el objetivo de coadyuvar a “hacer una reingeniería” en materia de seguridad, ya que hay empresa que utilizan armas cuyo tiempo de vida útil ya expiró, o son inadecuadas y defectuosas.

Indicó que, en ocasiones, algunos celadores y custodios de valores son obligados por diversas empresas a trabajar tres turnos seguidos, lo que merma su nivel de coordinación para repeler un ataque delictivo y contravine decretos vigentes y normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, denunció que cuando un agente muere, es herido o cae a manos de asaltantes, en cumplimiento de su deber, sus familiares descubren que las cuotas de la seguridad social y pólizas de vida no han sido canceladas. Añadió que esa morosidad crea un estado de indefensión entre los trabajadores.

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