El TIAR transfiere competencias de la ONU a la OEA

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Gabriele Kuehnle,
Periodista independiente.
Alai | agosto 1019 | El TIAR crea para EEUU un campo de acción independiente del Consejo de Seguridad de la ONU en caso de conflictos con otros estados americanos. Pero también asegura el respaldo latinoamericano en conflictos con países extra-continentales. Para ello proporcionaron a la OEA, históricamente manejada por EEUU, competencias similares y paralelas a las de la ONU y su Consejo de Seguridad. Dichas competencias se mantienen incluso en la versión renovada del TIAR de 1975. Son, en última instancia, el eje del Tratado.

Leyéndolo superficialmente, parece ser casi un instrumento de paz. El artículo primero de la constitución del TIAR dice que «Los altos estados contratantes no solo condenan formalmente la guerra sino se comprometen a no utilizar en sus relaciones internacionales cualquier amenaza o violencia, en cualquier forma, que sea incompatible con la Carta de la ONU o este tratado”.

Obliga a sanciones – no puede obligar a acciones militares

En repetidas ocasiones se refiere a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, enfatizando especialmente en la no injerencia en los asuntos internos de otros estados, y en la primacía de resoluciones pacíficas de conflictos. Lo único cierto que se desprende de ello es que el Tratado no puede forzar a los Estados signatarios a tomar medidas militares. Todas las demás acciones adoptadas por la OEA, como sanciones de todo tipo, pueden ser obligatorias según decida.

Hay una condición para su aplicación: se ejecuta solamente, si un estado ataca a otro país americano, ya sea militarmente o con otras acciones agresivas, pero si la agresión tuvo lugar en un «área extra-continental», el tratado también entraría en vigor.

El artículo 8 indica las medidas a ejecutar de manera obligatoria. Que son:

«La renuncia de los Jefes de Misión (ante la OEA); la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o completa de las relaciones económicas, ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o de radiotelegrafía y otros medios de comunicación, y el uso de las fuerzas armadas».

El artículo 20 de ese contrato establece que las decisiones que requieran las medidas a que se refiere el Artículo 8 serán vinculantes para todos los signatarios de este Tratado que lo hayan ratificado, con la única excepción de que no se requiere que ningún Estado utilice la fuerza de armas sin su consentimiento. En la versión reformada de 1975, el Consejo de la OEA decidirá caso por caso qué medidas son obligatorias y cuáles no. El uso de armas sigue siendo a criterio libre de cada estado.

La profunda contradicción interna del pacto

El contrato es ambiguo y se presta a amplias interpretaciones. Asegura que no restringiría los derechos y obligaciones relacionados con la ONU, como el derecho a la no-intervención y el derecho de cada estado a elegir libremente su organización política, económica y social. Pero el TIAR podrá obligar a sanciones económicas contra un estado, medida represiva que contradice a la Carta de las Naciones Unidas.

La oposición venezolana, siguiendo el libreto de Washington, se fijó en el TIAR buscando ampliar las sanciones estadounidenses y europeas con otras latinoamericanas a través del TIAR, quizá en desconocimiento de que la Carta de las Naciones Unidas se incorporó en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, por lo tanto, sería inconstitucional imponer sanciones a otro estado vecino.

Así lo dice en el Art. 9.1 (texto reformado): «La agresión es el uso de la fuerza por parte de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro estado, o de otro modo incompatible con la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de la Organización de los Estados Americanos».

La realidad venezolana suma amenazas constantes de intervención militar, ataques organizados contra el suministro de electricidad del país y sanciones económicas, abarcando hasta alimentos y medicamentos, y financiera, además del robo millonario de fondos del Estado bloqueados y pirateados por EEUU y bancos internacionales.

Al TIAR no lo aplicaron nunca – al contrario, lo pisotearon

Lo cierto es que Estados Unidos violó el tratado TIAR con cinco intervenciones militares en América Latina, con golpes de estado y dictaduras. Debería enfrentar cargos de violaciones múltiples del tratado ante la OEA y la Corte Penal Internacional en La Haya, violentando a todos los derechos humanos y democráticos.

Pero los demás estados americanos tampoco cumplieron, ya que nunca tomaron ninguna medida en defensa de los países vecinos agredidos.

El TIAR obligaría teóricamente a todos sus integrantes a tomar medidas inmediatas contra EEUU, exigiendo poner fin a las sanciones contra Venezuela y su intromisión en el país. Sobre todo, porque Venezuela nunca ha atacado a los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con el bloqueo de 60 años contra Cuba.

Los ejemplos ilustran la gran contradicción interna del TIAR, un instrumento dormido que intentan ahora utilizar para imponer las estrategias estadounidenses en la región.

El supuesto derecho a la acción «inmediata»

En el Art. 3.2 se deja incluso de lado el órgano de decisión de la OEA, justificándolo con reacciones «inmediatas», necesarias en respuesta a un ataque (de diversa gravedad y carácter). Por supuesto, el Consejo de la OEA debe reunirse de inmediato, pero hasta que eso suceda, cada parte contratante puede tomar las medidas que considere adecuadas, sin estar sujeto a una decisión colectiva ni de la OEA ni de la ONU.

El argumento es el lapso de tiempo, lo que demore el tomar decisiones en el seno de las instituciones. Se trata del «derecho a actuar en la primera hora de la agresión».

La legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU, sin el Consejo de Seguridad

El texto se refiere varias veces al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que garantiza el derecho a la autodefensa individual o colectiva de los estados. Sin embargo, en virtud del derecho internacional, el artículo 51 está expresamente atado a la decisión del Consejo de Seguridad.

El art. 3.4 dice: “Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este Artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

El TIAR pretende establecer una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU, donde EEUU no ha podido imponer sus intereses a ultranza. Si la OEA y los estados contratantes no estén conformes con una determinada decisión del Consejo de Seguridad, o su demora en tomarla, puedan actuar por su cuenta bajo un paraguas jurídico de derecho internacional otorgado por el TIAR.

TIAR y la ocupación estadounidense de Afganistán

El TIAR solo se aplicó una vez, en 2001, después de los ataques contra los edificios de las torres gemelas en Nueva York. El presidente Bush necesitaba un respaldo internacional para su ataque de venganza contra Afganistán, que no recibió la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

En muy poco tiempo, 23 estados miembros del TIAR lo apoyaron con una declaración presentada en un gran escenario público: su ataque militar, pasándose por el costado del Consejo de Seguridad de la ONU, obtuvo así la apariencia de una legitimidad internacional.

El TIAR como puerta de entrada de la OTAN

Particularmente problemático es que el TIAR se refiere no solo a una agresión ubicada en el territorio del continente americano contra un estado signatario del Tratado, sino también a ataques ejecutados en el «área extra-continental» (art. 6) o «fuera del Área americano» (Art.4). Es donde la OTAN entra en acción.

Pero en todo esto hay una pregunta central: ¿El TIAR es compatible con el derecho internacional? En sus elementos más importantes contradice a la carta de la ONU, que prohíbe sanciones y la intervención en asuntos internos de un país.

El TIAR sí podría servir para desencadenar situaciones hacia lo bélico, aprovechándose de la “libertad de acción de los estados signatarios en la primera hora de un ataque”. Cabe recordar que México se retiró en 2002 del TIAR, mientras que los integrantes de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) renunciaron a la membrecía entre 2012 y 2014. Estos fueron Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

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