Asustado por la animosidad de las multitudes obreras que pedían un alto a los aumentos exagerados en los costos de alquiler, el Gobierno pidió la intervención de EEUU.
Mónica Guardia
periodistas@laestrella.com.pa
El Movimiento Inquilinario de 1925 es, sin duda, uno de los sucesos más estudiados de la historia panameña. De él se desprenden varios aspectos de interés, pues no solo fue la primera gran demostración del poder insurreccional de las masas citadinas sino, también, un claro ejemplo de cómo la falta de comprensión y mal manejo de los problemas puede terminar en derramamientos de sangre y avergonzar a las futuras generaciones.
Cuando las clases populares clamaban por poner un alto al alza indiscriminada de los precios de los arrendamientos, las autoridades desestimaron sus reclamos, poniendo al movimiento la etiqueta de “subersivo”. En lugar de resolver el problema, quisieron sofocarlo, ocasionando la pérdida de vidas y la segunda gran intervención de las tropas estadounidenses desde el incidente de la Tajada de Sandía, en 1856.
Antecedentes
Movimientos inquilinarios similares al de Panamá se dieron en las primeras décadas del siglo XX en Inglaterra, Estados Unidos, España, México y Chile. En la mayoría de los casos, fueron impulsados por dirigentes socialistas y anarquistas, en torno a conflictos de clase que surgían en el nuevo tejido social generado en el crecimiento acelerado de las ciudades.
En este país, la explosión de inquilinos de octubre de 1925 —hace justo 90 años— fueron desencadenados por la Ley 29 del 11 de febrero de 1925, destinada a reformar el Código Fiscal.
El gobierno de Rodolfo Chiari, que había heredado una situación económica difícil, producto de las grandes inversiones realizadas por Belisario Porras y la inflación posterior a la I Guerra Mundial, impuso un cambio en el gravamen de la propiedad urbana, que pasó del 2% sobre la renta bruta probable anual, a un cinco por mil sobre el valor catastral de la propiedad.
Como era previsible, los propietarios no quedaron satisfechos con este cambio que gravaba por igual las propiedades comerciales y no comerciales y que, en palabras del empresario y exsecretario de Gobierno Tomás Arias, citadas por La Estrella de Panamá, hacía imposible que ‘fuera negocio tener propiedades en Panamá’.
Así pues, la mayoría de los propietarios decidió traspasar el aumento fiscal a los inquilinos, afectando, sobre todo, a las grandes masas de trabajadores y personas de pocos ingresos que habitaban caserones alquilados.
Las casa de inquilinato
Estas viviendas, construidas desde finales de siglo XIX para albergar a los trabajadores que llegaban para la construcción del Canal, estaban ubicadas principalmente en los barrios de El Chorrillo, San Miguel, El Marañón, en la ciudad de Panamá, y Rainbow City y Folk River, en Colón.
Eran casas de propiedad privada, formadas por unos setenta o más cuartos, separados por delgadas paredes y una rejilla para la ventilación, con un par de excusados y baños comunes. Las mayoría de las viviendas era de madera y techo de zinc, insalubre e incómoda.
Pero ello no fue impedimento para que, como admitiera el presidente Chiari posteriormente, los caseros empezaran a elevar los alquileres entre un 25% y 50% desde enero de 1925 (la ley se aprobó en febrero de ese año), desalojando a quienes no pudieran pagar.
Fue en esas circunstancias que fue creada la Liga de Inquilinos y Subsistencia, como parte del Sindicato General de Trabajadores, movimiento que de junio a octubre de 1925 asumiría una poderosa organización de seis mil miembros.
La liga recibió el apoyo de numerosos exiliados residentes en el país, entre ellos el anarquista español José María Blásquez de Pedro, los socialistas peruanos Luis Francisco Bustamante, Nicolás Terreros y Esteban Patlevitch, el socialista colombiano Carlos Manuel Céspedes y la anarquista polaca Sara Gratz, quienes prestaron su experiencia para organizar a las masas.
Pero el movimiento también tenía figuras panameñas, como los socialistas Domingo Turner, Diógenes de la Rosa, Gabino Sierra Gutiérrez, Manuel Lucio Rodríguez, Carlos Sucre, Samuel Casis, Manuel Garrido y Eugenio Cossani.
En un principio, cuando la Liga Inquilinaria inició una serie de mítines de protesta, muchos, como el encargado de Negocios de Estados Unidos en Panamá, Dana Munro, adujeron que no se trataba ‘de una aflicción real, sino más bien esfuerzos de agitadores comunistas extranjeros’. Sin embargo, después de que fueran desterrados Blásquez de Pedro y otros cabecillas, en el mes de septiembre, el movimiento continuó con igual fuerza.
Huelga de no pago
Al no conseguir resultados de sus exigencias, la Liga pidió, a partir del 1 de octubre, una huelga de no-pago. Para el día 10, se convino realizar un mitin masivo en la Plaza de Santa Ana.
Anteriormente se habían realizado ya alrededor de unos veinte mítines, pero, en esta ocasión, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mario Galindo, consideró que las reuniones que habían venido dándose “habían atentado contra el orden público” y prohibió la reunión prevista.
No obstante, los inquilinos estaban decididos. El mismo 10 de octubre repartieron hojas sueltas que citaban a la población a las 8 de la noche, en Santa Ana.
Los grupos empezaron a formarse a tempranas horas, con animosidad, al saberse que algunos miembros de la organización habían sido encarcelados y que un inquilino de apellido Sánchez había sido golpeado por un policía.
La plaza
Cuando las masas llegaron a la plaza esa noche, tal y como fuera advertido por Galindo, la encontraron rodeada de policías, lo que no fue impedimento para que la enardecida multitud se tomara el lugar.
Temerosos de la reacción de las autoridades, desde lo alto de un quiosco, los líderes del mitin intentaban imponer el orden, cuando llegaron refuerzos de la Policía, dirigidos por el comandante Ricardo Arango, segundo jefe de la institución.
Arango se subió al templete, desde donde increpó a Sierra Gutiérrez, amenazándolo con su revolver para que bajase.
¡Dispare si quiere!, le gritó supuestamente Sierra, abriéndose el saco con las dos manos en un gesto dramático que enfureció al ya molesto oficial de policía, que empezó a disparar al piso, hiriendo a un señor de apellido Jaén, que murió al día siguiente.
La policía siguió disparando y la multitud se dispersó, mientras Sierra Gutiérrez, Diógenes de la Rosa, Samuel Casis y Rodríguez, permanecían en el sitio.
Allí estaban todavía cuando llegaron, poco después, el alcalde Galindo, el gobernador Archibaldo Boyd y Eduardo Chiari, quienes, a punta de pistola, lograron apresar a los organizadores, terminando así con el mitin, del que resultaron cuatro muertos y 7 heridos, según reportó La Estrella de Panamá al día siguiente.
Peligro
Entre las autoridades no hubo heridos, pero sí el convencimiento de que el poder y belicosidad de las masas eran un peligro potencial para el orden constituido.
Rápidamente, se organizó el Primer Batallón de Voluntarios, con el fin de combatir “la intransigencia de los inquilinos”, para el que se abrieron inscripciones en el Consejo Municipal, como si se tratara de una guerra civil. Hasta los Soldados de la Independencia ofrecieron sus contingentes.
Pero eso no era suficiente para el ‘aculillado’ gobierno, que adoptó una medida extrema: invocar el artículo 136 de la Constitución y solicitar a Estados Unidos su intervención ‘para restablecer el orden público’.
Así, en la mañana del 12 de octubre, unos minutos pasadas de la una de la tarde, bajo el comando del General Williams Lassister, penetraban en territorio nacional las fuerzas norteamericanas.
‘Con rítmico taconeo que oprimía el corazón y nublaba los ojos, un ejército de soldados en traje de campaña, con cascos de los usados en la guerra europea, entraban bayoneta calada, sudorosos, al hombro la mochila, y al cinto el revólver’, describía un diario local.
Los soldados ocuparon el Parque de Santa Ana y el de Lesseps, donde levantaron sus tiendas de campaña, instalaron hilos telefónicos y cocinas.
Asombrados por los hechos, desde la cárcel, los líderes del movimiento detenidos enviaron al proletariado panameño un manifiesto, que terminaba con una cita del general estadounidense George Washington: ‘es preferible que las llanuras estén cubiertas de cadáveres antes que habitadas por esclavos’, como lo cuenta Alexander Cuevas en su artículo “El movimiento inquilinario”, publicado en la revista Lotería de Octubre-Noviembre 1973.
La ocupación duró nueve días, hasta el 23 de octubre.
Epílogo
Posteriormente, el mismo presidente Chiari asumió la defensa de los inquilinos, exigiendo a los propietarios que rebajaran el alquiler a hasta un 10% menos que la tarifa vigente en enero de 1925.
Sin embargo, durante los años siguientes, continuaron aumentando hasta un 50% y 75% sobre los precios de entre 1920 y 1924, hasta que en 1932, coincidiendo con la crisis económica mundial, el problema volvería a estallar.
Uno de los eventos más bochornosos de todos los sucesos alrededor del Movimiento Inquilinario de 1925 fueron las palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Horacio Alfaro, quien el 30 de octubre de ese año agradeció al gobernador de la Zona del Canal por la ‘eficaz cooperación prestada por las fuerzas militares de Estados Unidos para mantener el orden en la ciudad de Panamá durante los disturbios ocurridos en el presente mes’.
==========
Manifestación de servilismo
“Agradecemos al Gobierno de Estados Unidos la eficaz cooperación prestada por sus fuerzas militares para mantener el orden en la ciudad de Panamá durante los disturbios ocurridos en el presente mes”.
Horacio Alfaro
Secretario de Relaciones Exteriores
del gobierno de Rodolfo Chiari (1925)
conclusión de movimiento inqulinario de 1925