El despojo, un delito de lesa humanidad

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El despojo, un delito de lesa humanidad

La violenta intervención de la Policía Nacional, soldados de SENAFRONT y paramilitares civiles para destruir las viviendas y propiedades de los productores en Barú, puesta en marcha por órdenes de Juan Carlos Varela para favorecer a la transnacional Del Monte, constituye un delito de lesa humanidad.

En los 115 años de vida republicana, el despojo ha sido una política de los regímenes oligárquicos que se alternan en el poder. La apropiación de las tierras y aguas nacionales ha sido su práctica. La célebre frase: “hasta donde llegue mi vista es mío” fue el símbolo del despojo. 

Un clásico terrateniente urbano, quien asumió por 8 meses la presidencia de la República, se apropió de las tierras que van desde Las Sabanas hasta el Río Juan Díaz. En provincias centrales una acaudalada familia, vinculada a la producción azucarera, se apropió de las aguas del Río Santa María.

Al igual que las tierras, los bienes inmuebles construidos sobre tierras nacionales, con los cuartos en los que se alojaron a los obreros que construyeron el canal y los terrenos de la Compañía del Ferrocarril fueron apropiados por esa oligarquía rapaz. Esas son las mismas tierras que Juan Carlos Varela valoriza, con una millonaria inversión pública, para usufructo de quienes se apropiaron de ellas, en las ciudades de Panamá y Colón.

El despojo institucionalizado de las tierras, incluye las concesiones a las transnacionales (bananeras) para establecer sus plantaciones en Bocas del Toro, Puerto Armuelles y Azuero. Sin embargo, con el fracaso de las plantaciones de la United Fruit en el Valle de Tonosí y la decisión de concentrar las operaciones en la comercialización en Barú, hizo posible que las tierras entregadas en conseción fueran devueltas al patrimonio del Estado, y su explotación pasara a manos de productores nacionales. El Contrato de conseción de Banapiña renueva el despojo histórico de las tierras nacionales, para favorecer a las transnacionales fruteras.

La decisión de Juan Carlos Varela de declarar intruso a los nacionales que producen para el susternto de su familia en las tierras devueltas al patrimonio de Estado, para entregarlas  en concesión a la transnacional Del Monte (representada por Jaime Alemán, hermano del ex ministro de la presidencia Álvaro Alemán),  además de constituir un delito de corrupción por tráfico de influencia, evoca las viejas prácticas de despojo empleadas ancestralmente por la oligarquía criolla.

Esas prácticas de despojo, que enfrentan la decidida resistencia de los productores en Barú, entrarán a la historia como un delito de lesa humanidad, por el violento desalojo de humildes productores junto a sus mujeres e hijos.

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