La utilización de la figura del juez de paz para acallar la protesta ciudadana, a través de la intimidación, medidas represivas y sanciones económicas, convierte al sistema judicial panameño en presa de los poderes fácticos, Así lo confirma un hecho ocurrido en noviembre en la central provincia de Los Santos, donde un jubilado que increpó al presidente fue detenido y sancionado.
El abuso de la autoridad está tipificado como un delito en las principales legislaciones del mundo. Con ello, se intenta impedir que las estructuras del poder se conviertan en hordas dispuestas a violentar en forma impune los principios básicos en sociedades organizadas. La arbitrariedad puede traducirse, incluso, en formas de hostilidad contra quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica..
La impunidad en casos de alto perfil en la esfera penal, la pérdida de la confianza pública en la Corte Suprema de Justicia y el débil modelo para enfrentar al crimen organizado, generan una elevada desconfianza en instituciones creadas para la administración del sistema judicial ordinario y replantean el paradigma de tener una democracia verdadera o un país sometido a elites gobernantes.
Es comprensible que en un Estado regido por la inequidad social haya también un esquema de Justicia diseñado por los protectores de la desigualdad, en el que la parcialización aflora con mayor rigor cuando grupos contestatarios salen a manifestarse y apuntan con el dedo acusador a autores del peculado, la usurpación del patrimonio nacional, la corrupción rampante y el entreguismo.
Las acciones de fuerza confirman que las autoridades policiales ejecutoras son más diligentes para detener a manifestantes que elevan su voz contra la corrupción, que en la captura de los prófugos que vaciaron las arcas del Estado. Está cada vez más claro el doble rasero que impera en materia judicial a favor de las elites del capital financiero que detentan el poder político.
Hoy, los adláteres del gobierno justifican las sanciones a quienes reclaman en las calles, con el argumento baladí de que las fiestas patrias son momentos sublimes e imperturbables. Sólo las mentes adocenas son capaces de validar ese falaz argumento y respaldar la represión, sin percatarse de que la Patria es, además, un pueblo que exige soberanía plena y combate contra la corrupción.
Las organizaciones sociales y sectores que apelan a la seguridad jurídica no deben pasar inadvertido que el derecho a la protesta es materia constitucional y sirve para asegurar los demás derechos esenciales, sin los cuales el país estaría a la deriva y en orfandad. En ese sentido, el rechazo colectivo al abuso de poder es una forma válida y precisa de infundir valor a las fiestas patrias.
