«EE.UU. puede hacer la ley que quiera, pero no puede pretender aplicarla a los demás países»

Declaró el Embajador de la Union Europea en Cuba:

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«EE.UU. puede hacer la ley que quiera, pero no puede pretender aplicarla a los demás países»

Washington anunció que a partir del próximo 2 de mayo permitirá demandas contra empresas con negocios en la isla al revocar una polémica ley.

RT | La Habana | 19 abr 2019 | La Unión Europea lamenta la decisión tomada por EE.UU. de reactivar la polémica ley que permite las demandas por las propiedades nacionalizadas en Cuba, y reitera que defenderá con «todos los medios» posibles a los inversores europeos, ha aseverado el embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto Navarro.

Esta semana el Gobierno estadounidense anunció que revocará el próximo 2 de mayo la suspensión del título III de la Ley Helms-Burton, que permite reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que en la isla fueron confiscadas durante la Revolución cubana o en los años posteriores.

La entrada en vigor de esa polémica ley abrirá la puerta a una previsible oleada de demandas por parte de personas o entidades cuyas propiedades que fueron nacionalizadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder.

Por otro lado, Navarro indicó que la Unión Europea es el primer socio comercial de Cuba, y que solo en el 2018 el intercambio mercantil entre las partes supuso un total de 2.600 millones de euros (unos 2.920 millones de dólares). Sin embargo, la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense desincentivaría a los empresarios europeos a invertir en la isla, añadió.

Dados los graves perjuicios que la maniobra jurídica de EE.UU. podría causar a numerosas e importantes empresas europeas que operan en Cuba, la Comisión Europea ya advirtió a Washington sobre las represalias que podrían llevar a cabo desde el bloque para compensar el impacto negativo sufrido.

A través una carta firmada por Federica Mogherini, alta representante de Exteriores de la UE, y Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, Bruselas avisó que recurriría «a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses», incluyendo «la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)».

 

 

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