EDITORIAL: Modelo extractivista empuja a Panamá a la confrontación

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Modelo extractivista empuja a Panamá a la confrontación

El modelo extractivista, fundamentado en la extracción intensiva de recursos naturales (agua, energía, minerales y materias primas) para satisfacer al sistema financiero, ha generado en Panamá una confrontación en áreas indígenas que cuestiona la capacidad del gobierno para dirimir conflictos. Ese esquema succionador es el detonante de episodios traumáticos, porque engulle en forma voraz el patrimonio de pueblos que se aferran a la defensa de conquistas sociales contra el despojo y el acaparamiento desmedido.

La sustracción sistemática de riquezas genera las condiciones para que las multinacionales arriben con ínfulas de antiguas potencias colonialistas, con el objetivo de obtener en usufructo tierras y concesiones, incluso sobre el subsuelo, mientras que las fuerzas policiales son alineadas para que obedezcan y repriman a grupos contestatarios, y terminen subordinadas a intereses foráneos. La represión es la fórmula radical y extrema del modelo antinacional, cuando falla el ardid de la distracción, el divisionismo y el “ablandamiento” de líderes sectores independientes..

El aparente desenlace del conflicto del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en la provincia occidental de Chiriquí, que pretendía ser solucionado a través de la firma de un texto negociado entre autoridades comarcales y el gobierno, revela que el país carece de una estructura monolítica en materia de gobernanza. Debido a la persistencia del modelo extractivista –adoptado por los poderes fácticos–, es posible identificar a pobres y ricos colocados en espacios opuestos en el conflicto social.

En América Latina, la industria del extractivismo está ligada al saqueo de recursos, al abuso de la mano de obra empobrecida, al daño ambiental y a la pérdida gradual de la soberanía en territorios que son convertidos en enclaves, en detrimento de valores como la cultura, la cohesión social y los derechos humanos de poblaciones enteras que no se subordinan y resisten al sometimiento. Los frecuentes conflictos mineros en la región, son una prueba de que esa receta de explotación y concentración de riquezas, en contra del Estado nacional, equivalen a una bofetada a la paz.

Panamá está enfrentada a una disyuntiva en la que debe decidir sobre el perfeccionamiento de la soberanía e independencia, o ceder su jurisdicción para que consorcios extranjeros que ostentan un historial de despojos, inequidades y prácticas de corrupción asuman el control del Estado e impongan condiciones onerosas que propician la depredación y la violencia. Corresponde al pueblo panameño empinarse y cuestionar con severidad el servilismo de las cúpulas de poder político y económico.

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