Deuda oficial desvirtúa diálogo con la clase trabajadora
Cuando el presidente de la república, Juan Carlos Varela, asumió el poder el 1 de julio de 2014, llevaba en la misma valija en la que guardaba su discurso, un paquete de compromisos adquiridos durante la campaña electoral, entre ellos la mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora, la promoción de la equidad y la eficiencia en los servicios públicos.
Sin embargo, la respuesta oficial en esas áreas ha sido precaria y vacilante. Los aumentos de sueldo aprobados por el Órgano Ejecutivo se han concentrado en un extremo de la balanza, para favorecer a profesionales de la seguridad, mientras se aleja a la mayoría de servidores públicos de los posibles beneficiarios. Con ello, aumenta la deuda oficial con la clase trabajadora y las tensiones provocadas por el incumplimiento de acciones reparadoras.
La falta de adecuadas políticas salariales y el predominio de mandatos arbitrarios que niegan la validez de los reclamos sobre el pago de partidas del XIII (descontadas para el financiamiento de proyectos habitacionales jamás realizados), reafirman el panorama de inequidad en el ámbito laboral que agobia a los panameños.
En ese contexto, ha sido puesta a prueba la demanda insatisfecha de funcionarios del sector aduanero, en procura de justicia económica. Los continuos reclamos a favor del bienestar de la clase trabajadora demuestran el distanciamiento del gobierno de las reivindicaciones laborales que no están privilegiadas en la agenda oficial, ni en los diálogos de concertación para la solución de conflictos.
Hoy, miles de trabajadores siguen atrapados en un esquema burocrático que genera exclusión, desconfianza y condena a percibir sueldos exiguos, en relación con el aumento de los precios de la canasta básica familiar. En algunos casos, esas diferencias han sido acentuadas por la falta de estudios exhaustivos sobre el empleo. En otras circunstancias, la obstinación del oficialismo ha impedido formalizar un pacto social a favor de la equidad y revisión de moldes obsoletos en materia de sueldos, emolumentos y honorarios.
La estabilidad del país depende, en gran medida, del diseño de un sistema salarial justo y de la disposición del gobierno a escuchar las exigencias de la clase trabajadora, despojada de su patrimonio. Frente a la falta de respuestas gubernamentales para satisfacer las reclamaciones sociales, es posible prever un resurgimiento de las luchas a favor de los derechos económicos y laborales.
