Desinformación, crimen e impunidad
Todos los países industrializados disponen de un avanzado sistema de comunicación oficial, con boletines de alerta que son transmitidos como medida de prevención de desastres. De ello depende que comunidades enteras puedan ser informadas, puestas a resguardo y que muchas vidas sean salvadas ante eventos extremos y de rápida evolución que generan riesgos para la vida humana.
Sin embargo, en Panamá ―donde se concede poco valor a la organización comunitaria frente a las calamidades― el sistema de comunicación oficial ha revelado profundas fallas. Primero, fueron inundaciones en áreas de relleno costero y, luego, el desplome de un inmenso muro en el sector de Costa del Este, mientras eran difundidas versiones contradictorias y se corroboraba el deficiente manejo de crisis y la limitada capacidad de respuesta.
Lo ocurrido revela que la Seguridad es uno de los temas pendientes en la agenda de Estado. Ninguna excusa o pretexto posterior justifica esas carencias y la nula contestación a la pregunta de por qué son autorizadas construcciones inadecuadas en terrenos saturados e inestables. Con cada desastre, aumenta la sospecha de corrupción, impunidad y la noción de vulnerabilidad pública.
Los panameños se enfrentan a un diezmado Sistema Nacional de Protección Civil, a la falta de albergues, rutas de evacuación en caso de urgencia colectiva y de hospitales resilientes, que sirvan de soporte ante desafíos meteorológicos y otras calamidades. Los retos son mayores, ante vicios ocultos en la industria de la construcción que se siente ganadora en el desarrollo de megaproyectos.
En cualquier país serio, la Procuraduría General habría iniciado investigaciones de oficio a los responsables de Ingeniería Municipal y emitido orden de impedimento de salida del territorio nacional en contra de arquitectos y dueños de proyectos inmobiliarios que han colapsado. Hasta la fecha, ello no ha ocurrido, y supone un silencio cómplice del Estado ante fraudes que afectan a los compradores de unidades de complejos habitacionales y potenciales víctimas.
Las rejas de la cárceles parecen no estar habilitadas para quienes han destruido manglares y bloquean el drenaje natural de ríos que desembocan en el mar, y construyen muros que acentúan el reflujo de aguas e inundaciones en áreas ribereñas, en coincidencia con el aumento del nivel de las mareas y fuertes precipitaciones.
Lamentablemente, ha prevalecido la estupidez, la coima, el leseferismo, la burla a las normas ambientales y de Seguridad, por parte de compañías que ahorran costos con el uso de materiales de baja calidad y obtienen el sello de aprobación de funcionarios venales. La filmación del colapso de un inmenso muro, cuyo video fue compartido a través de las redes sociales, muestra la pérdida de institucionalidad y los rezagos que enfrenta la sociedad, convertida en blanco del abuso, la incompetencia y el despojo.
