Devastación programada. Editorial del martes 20 de noviembre

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Reveladoras imágenes transmitidas por las televisoras locales indican la devastación programada en áreas naturales y sitios de interés histórico y cultural, sin que la voz de diversas comunidades y organizaciones ecologistas sea escuchada por el Estado para detener el ecocidio en cuencas de Panamá donde son ejecutados o emprendidos varios proyectos urbanísticos de alto impacto.

El justificado rechazo popular a la enorme  devastación se repite en áreas sometidas a la construcción de megaproyectos inconsultos en los que tiene interés económico la elite del capital financiero. Es el mismo clamor ambiental en defensa de la naturaleza agredida que identifica a las poblaciones opuestas a la minería a cielo abierto o las que intentan evitar la tala indiscriminada en humedales.

Residentes en los sectores colindantes a la vía interoceánica, organizados en la Asociación de Comunidades del Área del Canal de Panamá, salieron a protestar y advertir la devastación en el ensanche de la vía Omar Torrijos. Corearon la consigna “árboles sí, coimas no”, para manifestar su profundo malestar por la falta evidente de verdaderos Estudios de Impacto Ambiental.

Ese hecho adquiere importancia cardinal cuando la Ciudad de Panamá, orgullosa de su destino, se prepara para conmemorar en 2019 los 500 años de fundación. Es irónico que ese hecho ocurra en coincidencia con la devastación de selvas tropicales y el daño infligido a los antiguos caminos transístmicos por los que alguna vez transitaron inmensos tesoros de origen precolombino.

La población alarmada por la embestida contra los ambientes naturales debe tomar plena conciencia de que el extractivismo y los megaproyectos en marcha provienen de una misma matriz: el modelo económico agotado generador de traumas y conflictos sociales, que repercute en la biodiversidad y conspira contra las fuentes del patrimonio hídrico de todos los panameños.

Para la mayoría, está cada vez más claro que se debe poner freno a la alarmante tasa de deforestación que supera las 20.000 hectáreas por año. En Panamá, se ha perdido más del 65 por ciento de la superficie de bosque natural, sin que haya sido revertido el amenazador ritmo de destrucción brutal propiciado por los poderes fácticos, la corrupción y la codicia de las empresas multinacionales.

Un infranqueable valladar debe ser erigido pronto para proteger la integridad territorial y lo que queda del rico patrimonio natural de Panamá, con el objetivo de vencer el desconcierto en la esfera política. Es necesario decidir entre la dependencia o el camino alternativo del desarrollo humano con equidad. Ese en un asunto ineludible que configura el reto vital de la nación panameña.

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