Desde que Panamá entró en la era de los escándalos financieros internacionales y de la corrupción rampante, la reputación del país ha venido de más a menos, en una especie de caída libre provocada por grupos económicos que corrompen, denigran conciencias y buscan distraer con engaños a amplios sectores de la población.
El escándalo destapado en España por declaraciones de un ex operador y chantajista de la constructora brasileña Odebrecht, y que apunta al corazón del gobierno panameño, revela el Talón de Aquiles de un sistema presidencialista en el que el clientelismo y la impunidad se han convertido en patente de corso.
A esa realidad infame ha contribuido un modelo de inequidad y trampa institucionalizada, así como el expolio y los abusos contra los más vulnerables, sobre los cuales se asienta una plutocracia ajena a las tradiciones de lucha y la vocación soberana del país, cuyos principales recursos han sido violentamente esquilmados.
Hoy, Panamá ofrece ante el mundo una imagen de negocios turbios, corrupción y un sistema judicial ineficiente que se ensaña con los pobres y cierra los ojos en los casos de alto perfil cometidos por las 14 familias multimillonarias. Ese grupo ha tomado control de los poderes del Estado e impuestos reglas onerosas a las mayorías.
Quienes aún tienen confianza en el sistema, piensan erróneamente que a través del reformismo y las componendas políticas partidistas es posible reparar el daño infligido a la imagen de Panamá. Ello sería posible si el país no hubiese tocado fondo en un escenario de ingobernabilidad y pérdida del rumbo estratégico.
El prestigio internacional que el Estado panameño cimentó durante el gobierno del desaparecido general Omar Torrijos, se ha perdido a través del entreguismo de sucesivas administraciones. La prueba de descrédito, es la adhesión de Panamá a Washington, para aislar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA). Es una vergüenza que opaca a este país en el ámbito mundial.
Sin embargo, será difícil cambiar esa realidad, debido a que aún no ha sido construida una fuerza de relevo consecuente, cohesionada y decidida a recuperar el camino liberador. En esta etapa, los sectores populares deben comprender la gravedad de los escándalos, actuar con inteligencia y oponerse a concesiones de principios en el plano político partidista que conducen al país a una nueva crisis.
El quebrantamiento de la institucionalidad causará que, tarde o temprano, las figuras responsables de la descomposición del Estado se aproximen al abismo. Cuando ello ocurra, no habrá barranco que las ataje, pero se requiere una fuerza patriótica con la misión de sanear al país y enfrentar a la mafiocracia que gobierna.
