Por José Bernardo González
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Si analizamos el aporte del Estado panameño a la disminución de la pobreza, los programas que pretenden este objetivo y que absorben gran cantidad de recursos, no se encuentran focalizados en los más pobres, No obstante, cuando lo están, no son efectivos en el cumplimiento de ese objetivo.
Muchos recursos asociados a protección social son gastados en subsidios (fijación de precios, tasa de interés, vivienda, agua, electricidad, combustibles). Sin embargo, no hay una focalización adecuada del gasto social, en el sentido de que los servicios y bienes privados que se entregan tengan su mayor impacto en los sectores sociales con mayor acceso a estos, pero que no necesariamente son los de mayor marginalidad y exclusión social.
Definitivamente, la finalidad de los esfuerzos para la reorganización del gasto social no es disminuir los montos de financiamiento, sino utilizar los recursos de manera más eficiente, racional y equitativa, con énfasis en el diseño de políticas públicas que respondan a las necesidades y condiciones de los sectores con mayor pobreza.
Las políticas públicas deben ser diseñadas y ejecutadas de forma que se logre maximizar las rentas sociales, representadas en bienestar, donde vencer a la pobreza se convierta en un objetivo central, a través de la complementariedad de medidas coyunturales y estructurales. Ello abarca modelos locales de producción y seguridad alimentaria que promuevan la diversificación económica-productiva; incorporando a los pobres rurales en los nuevos arreglos productivos, construyendo alianzas y redes, para ganar escala y competitividad, desarrollando capacidades de los productores, organizaciones y comunidades para resolver problemas de producción, de mercado, acceso a bienes y servicios y sostener flujos locales de conocimientos e información.
El sector agropecuario y rural panameño tiene desafíos importantes que debe enfrentar. Habrá que tomarlos en cuenta para el diseño de políticas públicas adecuadas. Algunos de esos retos tienen importantes repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos, así como en la estabilidad social y desarrollo económico del país. De las preguntas formuladas en el primer artículo sobre este tema, se desprenden algunos de esos elementos, por ejemplo: abastecer de los alimentos de la canasta básica a la población a precios accesibles, con productos inocuos y de calidad; generar empleo y oportunidades a la población rural y maximizar las rentas sociales originadas en una mayor rentabilidad de las actividades privadas; promover la equidad, la inclusión social y la disminución de la pobreza, por medio de mecanismos de inserción en economías dinámicas y rentables, además de la solidaridad social; reducir las brechas en desarrollo humano entre los territorios rurales más rezagados y las regiones más avanzadas del país para garantizar que las oportunidades sean sustentables en el largo plazo.
En ese sentido, se hace perentorio lograr un adecuado manejo de los recursos naturales (principalmente agua) para enfrentar el cambio climático, mejorar la institucionalidad del servicio público agropecuario a beneficio de la sociedad, así como aumentar la confianza de los usuarios en el sistema financiero, para desarrollar la actividad agropecuaria nacional.
Esos desafíos generan una nueva visión de la importancia de diseñar políticas transversales y articuladas, y dan paso a un nuevo objeto de política, es decir el territorio, como una categoría institucional construida social e históricamente, que involucra principalmente a las personas, su base natural, sus sistemas económicos, sus redes sociales, sus instituciones y su cultura en un espacio que los integra.
La construcción de una política nacional de desarrollo agropecuario y rural debe insertarse en el marco de la política nacional de Estado y considerar las políticas sectoriales que guían las acciones institucionales, a fin de buscar una articulación desde una visión de la macropolítica hacia la política territorial rural, de manera que sea factible su implementación.
Si se reconoce como válido, que el objeto de la política de desarrollo agropecuaria y rural es el territorio y no los rubros, entonces las políticas sectoriales (por ejemplo de riego, de crédito, innovación, etc.) deben ser lo suficientemente amplias y flexibles para reconocer la diferenciación territorial y poder ajustarse a través de mecanismos de integralidad y tratamiento diferencial, lo que exige una nueva institucionalidad y mecanismos de planificación territorial y de gestión social de las políticas públicas.
La centralización de la planificación, la toma de decisiones y la ejecución en la gestión pública persisten como una limitación para el desarrollo y la equidad. Por la tanto, la descentralización será una estrategia clave para alcanzar los objetivos de la política de desarrollo de los territorios rurales, porque encierra en su esencia y filosofía la posibilidad de que, no sólo los municipios como instituciones formales puedan definir el mejor uso de los recursos en sus comunidades, sino que los ciudadanos, empresas y organizaciones se incorporen a la toma de decisiones, desde la planeación, gestión y ejecución de las políticas públicas, hasta la auditoría social de esas políticas y el uso adecuado de los recursos.
