Denuncias sobre la Isla Boná sacuden al Ministerio de Ambiente

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Aves marinas en el Golfo de Panamá.

(Redacción de Bayano digital)

Una denuncia del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), que fue entregada en la sede regional de Panamá Metro del Ministerio de Ambiente, por “presuntas infracciones a la normativa ambiental y daños ambientales” en Isla Bomá, ha estremecido al gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

Así lo han reconocido activistas del CIAM, quienes el lunes formalizaron su denuncia pública, en medio de los intentos de grupos empresariales de justificar la aprobación del proyecto de instalar en la Isla Boná una terminal petrolera al margen de las protestas de las organizaciones ambientales y ecoturísticas que defienden a las aves endémicas y las playeras migratorias del área en disputa.

El CIAM precisó que el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) encontró evidencia de afectaciones en una visita de investigación científica a la isla. “La tala de árboles no sólo afecta directamente a los nidos de aves, sino que genera el riesgo de erosión excesiva de los suelos, depositando sedimentación en las aguas marinas y afectando gravemente a los arrecifes de coral que rodean isla Boná”, reseñó el documento.

La isla, localizada en el Golfo de Panamá, está en la mira de la empresa Boná Pacific Corp., que pretende instalar en 35 de las 74 hectáreas una terminal de petróleo para el suministro de combustibles a los buques “post Panamá” o “neo Panamax” que utilizan el canal interoceánico. Según Raam Ady, gerente de esa compañía, en el área insular en la que se pretende instalar ocho tanques de combustibles “no hay nidos de aves”.

Sin embargo, el CIAM mencionó informes confeccionados por biólogos del STRI, en 2018, en lo que se afirma que más de 6.000 nidos de aves marinas se encuentran en isla Boná. Esos nidos serían afectados por la actividad contaminante a través del manejo de los derivados del petróleo crudo, según la denuncia ambiental.

Debido a ello, el CIAM solicitó al Ministerio de Ambiente que sea abierta una inmediata investigación para evitar la degradación del ecosistema de ese “importantísimo sitio de anidamiento de aves playeras y de abundante vida marina”. Directivos de esa organización sin fines de lucro han realizado protestas pacíficas para exigir justicia ambiental y el fin de posibles negociados con la naturaleza.

Isla Boná pertenece al Municipio de Taboga, cuyo alcalde, Ramón Ramos, acordó un arrendamiento por 20 años prorrogables con opción a venta de la isla. Ese polémico contrato no ha sido refrendado por la Contraloría General, debido a que existen puntos en colisión con la política ambiental de este país y el contenido de un proyecto de ley que propone declarar a la ínsula área protegida y refugio de vida silvestre.

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