Crédito fiscal diseñado para favorecer a empresas mineras

Un crédito fiscal superior a cualquiera otro emitido por la República de Panamá o gobierno alguno de Centroamérica y probablemente del continente americano será hecho por el Ministerio de Comercio Industrias o la Contraloría General de la Nación. La posibilidad genera intranquilidad ciudadana.

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Presidente Juan Carlos Varela, de visita en instalaciones de Minera Panamá, S.A. (Foto tomada de Soopnest.com).

Por Sergio S. Sánchez Silvera
sserfoto@gmail.com
Coordinadora Campesina por la Vida

En poco tiempo, la Minera Panamá, S.A., presentará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una nota por la cantidad de dinero que dice haber invertido en las instalaciones para la explotación de los depósitos cupríferos y otros minerales en Donoso, en la provincia de Colon. En su página web, dicen haber invertido, hasta el momento, 6.300 millones de dólares, y que la inversión final será de 6.400 millones.

De acuerdo a la ley 9 de 1997 (Contrato Ley de Petaquilla, S.A.) el Estado deberá emitir a pedido de la minera en el menor tiempo posible un crédito fiscal igual a suma invertida por la empresa, para empezar las operaciones de extracción y también lo invertido a lo largo de los años que dure la explotación minera. Ello quiere decir, que el pago de Panamá a la minera será más de esos 6.400 millones de dólares iniciales.

Textualmente, dice la Cláusula Décimo Quinta del contrato: “Dicho crédito fiscal será igual a las sumas invertidas por LA EMPRESA, sus Afiliadas, contratistas y subcontratistas durante la vigencia de este contrato en infraestructura y ateniente a EL PROYECTO de los siguientes tipos y categorías”.

En los literales que van de “A” hasta la “F”, se subraya que el Estado pagará sin limitarse a: Infraestructura y equipos de transporte, carreteras, ferrocarriles, puentes, plantas generadoras de energía, líneas de transmisión de energía eléctrica y líneas de transmisión de telecomunicaciones; facilidades e instalaciones para el transporte, almacenaje, tratamiento y remoción de aguas, incluyendo canales, diques, acueductos, cañerías, tuberías, represas, tanques de almacenaje y embalses; Instalaciones marítimas, puertos, muelles, dársenas, rompeolas, instalaciones móviles y fijas para la carga y descarga de naves, facilidades para la carga botadura y carga de barcazas; viviendas o alojamiento para trabajadores; Infraestructura de tipo social, incluyendo hospitales y estaciones de primeros auxilios, estructuras para uso social y recreacional de la comunidad, calles, aceras y ornamentación, construidos previa autorización del estado; y casi cualquier gasto en que pudiera incurrir la empresa minera.

Desde luego, un crédito fiscal por una suma exorbitante (cercano al costo del tercer juego de esclusas), supone un récord para un país de América Central. Además, hay que destacar el hermetismo que rige ese tipo entregas del patrimonio nacional, alejadas de la vista pública. Con nocturnidad y alevosía, se firma la entrega del futuro del país a intereses de grandes consorcios mineros canadienses de reconocida y sabida mala fama mundial, por la forma en que roban las riquezas minerales de los países pobres.

En el centro de ese espinoso asunto surgirá de forma destacada el personaje traidor y apátrida que firme y entregue esos bonos fiscales. Quien tal cosa haga, sabrá, de antemano, que él, su familia y su descendencia serán repudiados por las actuales y futuras generaciones, como ocurrió con la entrega de la mayor riqueza de este país a los intereses de otra nación.

Ese acto de traición equivaldría a ceder a manos extrañas el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Sin duda, el personaje de la firma alevosa se ganará un repudio histórico. ¿Cuál ministro será?, ¿Cuál contralor será?, ¿Qué funcionario será?, ¿Qué presidente será? Finalmente, ¿quién suscribirá el crédito fiscal a favor de consorcios mineros?

Imágenes de Minera Panamá con el proyecto Cobre Panamá. (Foto: Larish Julio | La Estrella de Panamá).

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