Por David Carrasco
Redacción Bayano dijital
Representantes de organizaciones sociales llamaron a la creación de un Comité por la Dignidad Nacional para frenar los despojos de tierras en Panamá, como ha sido previsto en el distrito de Barú, donde trabajadores agropecuarios se resisten a entregar el suelo que ocupan a la empresa Banapiña y a grupos financieros.
En conferencia de prensa, la presidenta de Productores de Panamá (Aprodepa), Ada Pinzón, exhortó a seguir un camino de unidad nacional contra la política de despojos, como la que se deriva del contrato-ley entre el Estado panameño y la empresa Banapiña Panamá, S.A., subsidiaria de la multinacional Del Monte.
A través de una enérgica declaración dijo que ese contrato-ley, propuesto por el entonces ministro de la Presidencia Álvaro Alemán fue aprobado en la Asamblea Nacional sin un estudio de factibilidad, sin un plan de negocios transparente y sin un estudio de impacto ambiental que incluyese la mitigación de efectos de la contaminación por el uso intensivo de agroquímicos en las plantaciones.
Pinzón denunció que “fuerzas oscuras” promotoras de actos arbitrarios se han valido de la denominada justicia comunitaria de paz para ordenar el lanzamiento de productores que desde hace 20 años cultivan áreas bananeras abandonadas por multinacionales en el distrito de Barú. Añadió que esas zonas son codiciadas por su gran potencial productivo y enormes y valiosas reservas de agua.
La activista denunció atropellos cometidos por las autoridades locales, en la expulsión territorial de antiguos ex trabajadores de la cooperativa bananera Coosemupar, y rechazó el argumento de que el lanzamiento se ampara en un presunto “interés social”, ya que Banapiña es una clara expresión del interés privado.
Alianza Estratégica llama a la resistencia
A su vez, Gisela Pérez Polo, dirigente de la Alianza Estratégica Nacional, calificó al contrato-ley que beneficia a Banapiña de “remanente del colonialismo” y de mecanismo inaceptable para arrebatar el patrimonio de la nación y justificar negociados a través el control de riquezas naturales e hídricas de este país.
“Estamos conscientes de lo que significa para cualquier productor agropecuario, que le expropien forzosamente”, e indicó que lo que sucede en Barú es un “augurio” de lo que les puede ocurrir a las capas medias de la población, en el sentido de convertirse, de un plumazo, en las víctimas del despojo rampante y canalla.
El presiente Juan Carlos Varela prometió que, tras la firma del contrato-ley entre el Estado y Banapiña Panama, S.A., habría una reactivación económica de esas áreas. Sin embargo, Pérez Polo puso en duda ese vaticinio y sostuvo que los documentos negociados esconden el interés de familias poderosas, cuyos objetivos estratégicos van más allá de la inmediata producción frutícola anunciado a los medios.
Banapiña se limpia con la Constitución
La firma del contrato-ley que confiere a Banapiña Panamá, S.A, prerrogativas y ventajas, adolece de una serie de fallas que contravienen claros principios constitucionales. Así lo señaló el jurista Santander Tristán Donoso, experto en derecho agrario, quien interpuso reclamos en la Corte Suprema de Justicia para que surja un fallo coherente sobre las flagrantes violaciones cometidas.
Tristán Donoso advirtió que “nunca se consultó a los productores que ocupan esas tierras en conflicto, si estaban de acuerdo o no aceptaban las condiciones de ese contrato-ley”. Adujo que del desconocimiento al principio consensual parten las arbitrariedades que amparan a ese mamotreto jurídico que describe como “invasores” a gente laboriosa que está cultivando los suelos y tiene derechos posesorios.
Indicó que la Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse con rapidez sobre hechos violatorios de los derechos previstos en la carta magna. Por ello, ha sido enviada una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de acciones que apelan al artículo 25 de la Convención Americana, a favor de principios elementales de ciudadanos excluidos del amparo judicial.
Tristán Donoso insistió que hay una justa y firme decisión de los productores: “nadie sale de sus tierras”, aunque el gobierno haya recurrido a la Policía Nacional y al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para desalojar a humildes productores en Barú. “Vamos a defender esas tierras con nuestras vidas, si es necesario”, subrayó el jurista opuesto al saqueo urdido por empresas acaparadoras y depredadoras.
Extrañamente, en el contrato-ley se obliga a Banapiña a hacer inversiones portuarias en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, lo que aumenta la suspicacia de los productores, sobre otros intereses presumiblemente vinculados a inversiones en el ámbito logístico, lo que implica un mayor nivel despojo territorial. Frente a ese polémico tema, fue lanzado un llamado de alerta popular y vigilia a las organizaciones sociales.
